César Hernández /@CesarHdzNoti
La administración de Silvano Aureoles Conejo, cerrará con un déficit presupuestal de 13 mil millones de pesos, además continúa con la idea de vender bienes del estado, manifestó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán.
“¿Para qué van a usar el dinero de esos bienes inmuebles? Viajes a Europa, gasto corriente, van a vender terrenos para pagarle el salario a los diputados locales?”, expresó durante la conferencia de prensa realizada esta mañana en la cuidad de Morelia.
El morenista puntualizó que no tiene sentido vender bienes patrimoniales para gasto corriente, además de que es ilegal, por lo que no hay justificación de la venta de terrenos como el del antiguo CERESO “Francisco J. Música”.
“Son ventas ilegales, y las vamos a convertir legalmente, primero, segundo, son actos de peculado y corrupción”, aseveró.
Ramírez Bedolla resaltó que perseguirán a los funcionarios y autoridades que vendan, pero también a los que compren los bienes patrimoniales, ya que en el delito de peculado existen dos partes.
“Aquellos que compren estos terrenos también los vamos a señalar y también les vamos a instaurar juicios”, recalcó.
El gobernador electo de Michoacán, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sentenció que harán lo posible para evitar que se realice la desincorporación de estos bienes a través del Congreso del Estado.
“Parece venta de garage del actual gobierno, no lo vamos a permitir”, finalizó.
Por su parte Zenaida Salvador Brígido, Coordinadora de la bancada del grupo parlamentario de MORENA, refirió que la responsabilidad recae en la Junta de Coordinación Política, por lo que hizo un llamado a todos los partidos políticos para actuar en favor de los michoacanos.
“Invito a todos los coordinadores a hacer conciencia de todos los grupos parlamentarios, la realidad que se está viviendo en Michoacán”, exhortó
A su vez la diputada del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga, explicó que la oposición pretende que el tema de la desincorporación de bienes avance sin tener las firmas recaudadas.
“Nos parece completamente irresponsable de parte del estado que se intente vender patrimonio, cuando las condiciones están muy complicadas sobre la crisis económica y financiera”, apuntó.
