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Por probable condicionamiento de ayuda a damnificados con fines electorales, referente a los desastres naturales ocurridos el mes pasado, la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE) investiga desde septiembre las denuncias presentadas en los estados de Morelos, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México.
Mediante comunicado de prensa la Fepade dio a conocer que desplazó a las entidades antes mencionadas a agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía, para iniciar las investigaciones de las denuncias presentadas hasta esta fecha.
Su objetivo es el de investigar el posible condicionamiento de la ayuda proveniente de programas sociales o su re etiquetación con logos partidistas o de gobiernos, lo cual podría constituir los delitos electorales de confinamiento, de programas sociales, peculado electoral y financiamiento con aportaciones en especie a un partido político.
Los delitos que la Fepade investiga están previstos en el Artículo 7, fracción VII, Artículo 11, fracción II y III, y Artículo XV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La Fepade, que en estos momentos carece de titular por el despido del procurador Santiago Nieto el pasado día 20 de este mes, reiteró su compromiso de atender con total imparcialidad “sin filias ni fobias” las denuncias que se presenten ante esta representación social y no permitir que se aprovechen las necesidades de las personas que se encuentren sufriendo las consecuencias de estos siniestros naturales de los días y semanas pasadas.
Si bien la Fiscalía no menciona nombres, fuentes revelan que entre los investigados está el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu y la titular del DIF estatal, Elena Cepeda; así como la directora del DIF de Pátzcuaro Martha Aguilar Tovar, junto a otros personajes como el Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; la Diputada panista Rocío Aguilar Nava en Puebla; el Diputado perredista Mauricio Toledo en Coyoacán, Ciudad de México, y el Presidente Municipal en Atlautla, Estado de México, el priista Mauro Sánchez Marín, quienes fueron señalados por la ciudadanía por el uso político-electoral de los víveres destinados a las víctimas del sismo del 19 de septiembre.
En el caso pátzcuarense, ciudadanos acusaron que el DIF de ese municipio se agandalló los apoyos recolectados entre la población y los reetiquetó como propios, además de que surgieron diferencias en los eventos de colecta.
