Michoacanazo interno/By @gaaelico
Por Toño Aguilera
Felipe Calderón Hinojosa pervitió a tal grado la aplicación de los instrumentos de procuración de la justicia y combate a la inseguridad, que en la mayor parte de los casos las actuaciones de su gobierno quedaron en ridículo.
El palmarés de fracasos de su manida “guerra contra el crimen organizado” está encabezado por el tristemente célebre Michoacanazo del año 2009, en donde en un presunto arranque de moralidad política, los Calderón Hinojosa (hermano y hermana) lanzaron su dedo flamígero en contra de funcionarios estatales y alcaldes por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, y encarceló a 35 alcaldes, policías y funcionarios estatales, los cuales salieron al paso de los años.
El panismo entonces en el poder apostó todo su capital a aquel hecho con las miras puestas en la elección del 2011, y trató a toda costa de endilgar la imagen de narco gobierno a la administración que encabezaba Leonel Godoy, pero la vía jurídica derrotó la pretensión política. Sin embargo, el panismo comprobó, y ahora lo hacen todos los michoacanos, que quienes sí construyeron su triunfo electoral a partir de los vínculos con los grupos delictivos fue el PRI.
Durante el último año de Felipe Calderón en la presidencia, y el primer de Fausto Vallejo, nadie quiso o se atrevió a señalar de los presuntos vínculos, reuniones u acuerdos entre connotados militantes del PRI con los jefes del entonces grupo delictivo que operaba en Michoacán. Calderón se hizo de la vista gorda, o ya no vio réditos políticos para instrumentar un segundo operativo de corte político contra los nuevos funcionarios estatales y alcaldes.
Pero la investigación siguió su curso en las instancias de procuración de justicia federal. No fue sino hasta el 2013, el peor año en la historia reciente de Michoacán, cuando en medio de la crisis de ingobernabilidad, inseguridad, política, económica y social del estado, cuando Luisa María Calderón desempolvó la información que tenía de una presunta reunión en las semanas previas a la elección, de Jesús Reyna y otros militantes del PRI con la plana mayor del crimen organizado en Michoacán.
La inefable Cocoa lo señaló en varias ocasiones ante los medios de comunicación y hasta filtró los datos al columnista Ciro Gómez Leyva, y la respuesta del gobierno estatal del PRI fue lanzar una retahíla de insultos contra la figura no del todo presentable de la hermana del ex presidente, pero nunca se desdijo del todo o se desvinculo de las duras acusaciones que les hizo la panista.
En todo este tiempo, el PRI asumió la postura que se resumen en la frase de que “no hemos hecho, no hacemos ni haremos pactos con el crimen”, como lo dijo el propio Jesús Reyna, cuando los líderes de los grupos de autodefensa se cansaban de vincularlo a él y al PRI de Michoacán en general de estar no sólo vinculados con los grupos delictivos, sino de operar en su favor.
El tema hibernaba en el ambiente político estatal, hasta que con el arribo del Comisionado Alfredo Castillo y su injerencia total en la vida política, jurídica, social y económica de Michoacán, se comenzó a gestar un nuevo Michoacanazo.
El priísmo estatal prendió sus veladoras para que el gobierno federal desatara una razia en contra de los ex funcionarios estatales acusados de malos manejos administrativos, y apostaron su capital a este hecho. Por ello, cuando se detuvo por algunas horas al ex secretario de Finanzas, Humberto Suárez López, el gobierno de Fausto Vallejo lanzó fuegos artificiales y hasta pagó una campaña mediática donde se ufanaba que su gobierno combatía la corrupción.
Todavía el pasado viernes 4 de abril, en la inauguración del Encuentro de Cocineras Tradicionales, Fausto Vallejo mantenía su campañita y declaró a Oscar Mario Beteta que el gobierno de Felipe Calderón desconfiaba de las fuerzas estatales perredistas “y con razón porque estaban totalmente penetradas por el crimen”, pero apenas unas pocas horas después, el gobierno de su compañero de partido, Enrique Peña Nieto, lo puso en su lugar.
La PGR instrumentó una orden de localización y presentación contra Jesús Reyna, secretario de Gobierno de la administración de Fausto Vallejo, ex gobernador interino, ex diputado local y federal y funcionario en varias administraciones del PRI.
Hasta el momento, no se ha aclarado cuales son las acusaciones contra Jesús Reyna, y si se corroboran los dichos de sus vínculos y acuerdos con grupos delictivos. Lo cierto es que Peña Nieto no quiere seguir los pasos de Felipe Calderón, exhibe una desconfianza atroz del priísmo michoacano.
Este caso tiene muchos derroteros y muchas otras implicaciones, por lo que la federación deberá caminar de puntitas y no partidizar o politizar el actuar de sus dependencias de justicia y seguridad. Lo cierto es que se trata de un Michoacanazo interno, y se podrían presentar más detenciones en las semanas subsecuentes.
Michoacán ha sido en muchas ocasiones el Waterloo de los regímenes federales, y así lo debería entender el gobierno de Peña Nieto.
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