STAFF/Milena Suástegui-@milenasuastegui
Comunidades, abogados y colectivos dieron a conocer la solicitud de intervención de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de los poderes ejecutivo legislativo y judicial de Michoacán.
Ante los medios de comunicación, el Maestro en Derecho, David Daniel Romero Robles, asesor jurídico de comunidades indígenas, informó que se presentó esta solicitud debido a que los tres poderes en el Estado han hecho caso omiso a las solicitudes de los pueblos originarios.
“Hemos presentado formalmente recursos para contribuir y presentar propuestas en nuestro Estado de Michoacán, pero han hecho caso omiso en el ejecutivo estatal”, mencionó.
Además, mencionó que se han presentado varias denuncias a la Fiscalía del Estado, pero lamentablemente han sido abandonadas las carpetas de investigación y aseguró que cuando al fiscal o a la clase política les interesa resolver algún tema de carácter penal, de manera inmediata se hacen las investigaciones.
“Cuando no les interesa, cuando quieren hacer caso omiso o cuando afecta los intereses políticos de ellos las abandonan, las dejan en el olvido tiradas, almacenadas sin un seguimiento debido, por lo que vulnera nuestros propios derechos y el proceso de las instituciones”, declaró el asesor jurídico.
Indicó específicamente que se han presentado distintos recursos jurídicos previstos en distintas normativas locales, nacionales e internacionales para la atención y resolución de conflictos, en todos los procesos se han violado sistemáticamente derechos humanos individuales y colectivos, entre los presentados son:
Juicio Ciudadano ante el TEEM-JDC-021/2019, Denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán con número de expediente URU/102/01301/2020, Juicio Político contra el Ayuntamiento de Nahuatzen frente al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, de la LXXIV Legislatura, iniciativa ciudadana y Comunal frente al Congreso, iniciativa ciudadana y comunal frente al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y un juicio político contra el mandatario estatal frente al Congreso.
