STAFF/Marco Antonio Duarte
El juez de control Jesús Alejandro Sosa Maya decretó la liberación de los 8 estudiantes normalistas detenidos el 15 de agosto pasado, luego que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) solicitó al Poder Judicial modificar la medida cautelar de prisión preventiva por libertad bajo fianza.
La solicitud de la fiscalía del gobierno de Silvano Aureoles Conejo ocurre a dos días de que la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), amagó al perredista con radicalizar sus acciones en caso de que el Ejecutivo estatal no accediera a la liberación de los jóvenes.
De acuerdo al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), fue el ministerio público quien solicitó al juez de control una audiencia para modificar la medida cautelar de prisión preventiva –considerada la más alta en esta parte del proceso-.
Es así como dentro de la causa penal 86/2016, el juez Alejandro Sosa revocó la prisión preventiva y determinó que los 8 normalistas tendrán que presentarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares, no podrán salir del país sin autorización ni acercarse a las víctimas –choferes retenidos-, además de que no deberán participar en manifestaciones.
El 18 de agosto, la juez de control, Amalia Herrera Arroyo, determinó a los 8 normalistas la prisión preventiva, al existir los elementos suficientes –aportados por el gobierno de Silvano Aureoles- que hacían suponer su responsabilidad en los delitos de ataques a las vías federales de comunicación, privación ilegal de la libertad y robo calificado grave.
Los 8 jóvenes forman parte del grupo de 36 estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), ubicada en el municipio de Cherán, el cual fue detenido tras un enfrentamiento con agentes antimotines el 15 de agosto, sobre la autopista de Occidente (México-Morelia-Guadalajara).
Los normalistas fueron requeridos tras bloquear la vialidad con autobuses y vehículos que tomaron por la fuerza, como medida de presión para exigir mil 200 plazas automáticas en el sistema educativo público.
La juez Amalia Herrera determinó el 18 de agosto vincular a proceso penal a los 36 normalistas por el delito de ataques a las vías federales de comunicación, sin embargo, decretó la prisión preventiva para sólo 8 de ellos al ser acusados por la fiscalía de privación ilegal de la libertad y robo calificado grave.
