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Silvano Aureoles Conejo habría falsificado una firma para evitar ser aprehendido y encarcelado y poder seguir en libertad, y lo habría hecho con complicidad de una juez y su abogado, según ha acusado la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la instancia judicial, el exgobernador de Michoacán habría tramitado un “Incidente de falsedad de firma” en el amparo que él solicitó contra la orden de aprehensión que tiene en su contra por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Ello en base a los estrados judiciales de la FGR a través de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que Aureoles recibió una suspensión provisional contra la orden de captura y para conservarla debía comparecer ante la autoridad que ordenó detenerlo y pagar una garantía de 52 mil pesos.
El pasado 8 de mayo Aureoles Conejo pagó su garantía y presentó un escrito ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se encuentra la juez de control Patricia Sánchez Nava que fue quien ordenó detenerlo, en el que se dio por enterado de la existencia de la causa penal en su contra y solicitó una fecha de audiencia.
Ante lo cual la FGR acusó al exmandatario estatal de no cumplir con presentarse ante la juez de control y que, por ello, la suspensión provisional debía ser revocada, no obstante la juez Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas, es quien resolverá el amparo y notificó que Sánchez Nava avaló la comparecencia por escrito del exgobernador, por lo que los requisitos para mantener vigente la suspensión provisional habían sido cumplidos.
La FGR entonces amenazó con proceder penalmente en su contra por considerar que está protegiendo indebidamente al exmandatario de Michoacán, ello ante la posibilidad de que la juez Vargas le concediera la suspensión definitiva.
La FGR entonces acusó que conforme al expediente de amparo, la firma de la demanda de Aureoles no es la misma que la del escrito que presentó el 8 de mayo en el Reclusorio Oriente para conservar la suspensión provisional.
“Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Fiscalía Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, a través del cual interpone incidente de falsedad de firma al señalar que discrepan la plasmada en la demanda de amparo y la diversa plasmada en el escrito de ocho de mayo de dos mil veinticinco, por lo que se acuerda: Se admite a trámite el incidente respectivo, por lo que se ordena la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida”, expuso la juzgadora.
Así pues la Fiscalía designó un perito, la juez ordenó designar otro más y Aureoles podrá designar el suyo para determinar si la firma de los dos escritos es o no auténtica. Por lo cual, si la Fiscalía acredita que Aureoles utilizó un escrito con una firma falsa la responsabilidad no sólo será de él sino, incluso, de su abogado y de la juez Jovita Vargas.
A pesar de que la juez Sánchez Nava fue quien avaló la comparecencia de Aureoles por escrito, la Fiscalía -que amenazó con proceder penalmente contra la juez Vargas- podría argumentar que la juzgadora de amparo decidió mantener vigente la suspensión provisional a pesar de que sí tenía un escrito de referencia para comparar las firmas antes de llegar a tal conclusión.
Hoy en día Aureoles Conejo goza de una suspensión definitiva que evita que sea detenido, pero para mantenerla vigente debe exhibir una garantía de 1 millón de pesos y presentarse, ahora sí, personalmente ante la juez Sánchez Nava que fue quien ordenó detenerlo. Para cumplir con ambas condiciones, Aureoles tiene hasta el próximo 22 de mayo.