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La corrupción es un delito grave que no solamente frena el desarrollo social y el económico, sino además representa un costo para los ciudadanos que lo padecen, afirmó el diputado presidente de la comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Mario Armando Mendoza Guzmán, quién aseguró que para combatir este flagelo la 73 Legislatura trabaja en un sistema estatal anticorrupción fuerte y sólido.
En el marco del día internacional contra la corrupción que se conmemora este 9 de diciembre, el diputado presidente del Grupo Plural para instauración del Sistema Estatal Anticorrupción, indicó que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, Michoacán se ubicó en el 2015 en el tercer lugar respecto a la percepción de incidencia en materia de corrupción, es decir que más del 93 por ciento de los michoacanos consideran que existe corrupción en el aparato gubernamental.
Mario Armando Mendoza manifestó su preocupación por los costos económicos que revela IMCO, entre los que se encuentra una menor inversión en los países que lo padecen, pérdida de 480 mil empleos al año. Mientras que en el ámbito político insatisfacción con la democracia, crisis de representación, el 91% de los ciudadanos no confía en partidos políticos, y en el sector social se traduce en que el 14% del ingreso promedio anual de los hogares es destinado a pagos extraoficiales de acuerdo con Transparencia Mexicana.
Agregó que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones, esto habla comentó de la crisis de pérdida de confianza en las instituciones y que obliga a garantizar a través del sistema estatal anticorrupción un efectivo combate a la impunidad y este lastre social.
El diputado del PRI recordó que prácticamente se encuentra concluido este marco legal que permitirá establecer mecanismos de coordinación para combatir de manera más eficaz la corrupción y sancionar a los funcionarios públicos que cometan esta clase de ilícitos, además de garantizar la participación ciudadana a través de las llamadas contralorías sociales, así como fortalece la Auditoría Superior de Michoacán y las competencias del Tribunal Administrativo.
El también presidente de la comisión de Gobernación refrendó el compromiso de los y las legisladoras michoacanas, para generar una legislación de vanguardia y que sea resultado del consenso entre todas las fuerzas políticas para garantizar que Michoacán pueda caminar hacia el combate de la impunidad y la corrupción.
