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En lo que fue la audiencia inicial de formulación de imputación, presidida por el Juez de Control, Juan Salvador Alonso Mejía, en torno al caso Cuitzeo, donde aparecieron 10 cuerpos calcinados, en el cual están relacionados el edil de Álvaro Obregón, el subdirector de Seguridad Pública de dicho Ayuntamiento y tres policías, el alcalde de la citada demarcación hizo válido su derecho a declarar y aseveró que fue víctima de tortura psicológica hecha por el personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), además de añadir que recibió amenazas contra él y su familia. El resto de los indiciados decidió no emitir pronunciamiento alguno sobre el delito que se les imputa, el cual es el de homicidio calificado.
La audiencia comenzó a las 12:01 horas de este martes, en la Sala 8 de Oralidad del Poder Judicial de Michoacán, en ella el juez Alonso les hizo saber a los cinco imputados que su calidad era de presentados por una orden de aprehensión y eso no significaba que se les consideraba culpables del ilícito antes mencionado sino que se privilegiaba su presunción de inocencia. Cada uno era acompañado por sus abogados.
Durante el desarrollo de la audiencia los representantes legales de los indiciados manifestaron desconocer la carpeta de investigación que existe en contra de sus defendidos y pidieron un receso de una hora para analizarla, el cual les fue concedido por el Juez. Después de ello el juzgador prosiguió y posteriormente enteró a los imputados que podían ejercer su derecho a declarar sobre el delito que la Fiscalía presume cometieron.
De esta forma cuatro de los indiciados se reservaron el derecho a declarar no así el munícipe, quien dijo que sus derechos le habían sido violados por ser presentado ante los medios de comunicación como culpable y agregó que durante el tiempo que estuvo a disposición de la PGJ no le fue concedido el derecho de ser asistido por un abogado.
Afirmó haber estado aislado por 15 horas y narró que hasta el momento en que fue trasladado al penal “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres”, situado en la demarcación de Charo, fue que le mostraron la orden de aprehensión en su contra.
El alcalde exteriorizó que en ese momento un elemento de la Procuraría le dijo: “Si la libras vete de aquí porque te van a chingar a ti y a tu familia”. El presidente municipal negó los hechos que se le imputan y refirió que son falsos, subrayó que no estuvo en el momento en que las 10 víctimas fueron detenidas supuestamente por la Policía de Álvaro Obregón, tal como lo aseveró la PGJ y comentó que en su tiempo serán presentadas las pruebas de dónde estuvo y con quién estuvo.
Expuso que fue llevado a la PGJ mediante mentiras, platicó que le hicieron creer que únicamente declararía sobre los hechos que son investigados, pero lo trajeron de oficina en oficina, mientras que era torturado psicológicamente hasta que al final concluyó con su traslado al “Mil Cumbres”.
Por su parte, la Fiscalía detalló que la acusación en contra de los cinco imputados se sustenta en más de 20 entrevistas a diversos testigos, un parte de novedades policiales del 30 de julio, así como en varias pruebas periciales. También puntualizó que la muerte de las 10 personas es un homicidio calificado cometido de manera dolosa, pues refirió que los probables responsables son servidores públicos, sabían que cometían un delito y aun así decidieron consumarlo. A los policías los calificó de posibles coautores ya que llevaron actividades compartidas, supuestamente dirigidas por el alcalde, para así consumar el hecho.
Tan sólo el abogado del alcalde solicitó que se iniciara una carpeta de investigación por tortura y el Juez concedió la petición y exhortó a la Fiscalía que le mantuviera puntalmente informado sobre el desarrollo de la misma.
En los cinco casos los defensores de los indiciados solicitaron la duplicidad del término constitucional, que es de 144 horas y en su turno la Fiscalía pidió al Juez para todos ellos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Dos litigantes, incluido el del edil, estuvieron en desacuerdo con ello, pues querían para sus representados otra medida cautelar, pero al final el Juzgador consideró prudente la petición de la parte acusadora.
En este tenor, la continuación de la audiencia inicial se hará para el próximo sábado 6 del presente mes, a las nueve de la mañana en la Sala 1 de Oralidad del Poder Judicial de Michoacán, situada en el semisótano.
