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Los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura de Michoacán realizaron una revisión sobre la 
iniciativa de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo del Estado, coincidiendo en lamentarse que el documento haya llegado un año y medio después que el gobernador anunció que propondría reformar el marco jurídico para conformar un nuevo Pacto Social en Michoacán.
Ante ello los legisladores del Sol Azteca acusan que la iniciativa recién presentada ante el Congreso dista mucho de plantear un nuevo Pacto Social, se enfoca solo a nombrar un Fiscal General Justicia por 9 años –procurador-, remover al actual Auditor Superior que fue nombrado por el Congreso para un periodo de 7 años y nombrar Magistrados de Fiscalización hasta por 7 años, con el único objetivo de garantizar protección al gobernador Fausto Vallejo Figueroa una vez que deje su cargo.
Por lo que los congresistas perredistas manifestaron que Fausto Vallejo Figueroa violenta el principio constitucional de separación de poderes, ya que abruptamente se involucra en asuntos internos del Poder Legislativo y el Poder Judicial al pretender modificar sus atribuciones y estructura organizativa, cuando a un no ha cumplido el compromiso público que hiciera al inicio de su gobierno respecto de enviar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal que preside.
Además calificaron como un retroceso que se proponga que el Fiscal General de Justicia –procurador- ya no rinda informe anual respecto a las acciones y resultados de la institución a su cargo al Congreso del Estado.
En el caso de la Auditoria Superior de Michoacán, “en una clara muestra de intolerancia y venganza se pretende remover al titular de la ASM, nombrado por el Congreso, mientras que a los auditores especiales propuestos por el PRI se les garantiza su permanencia”, señaló el grupo parlamentario a través de comunicado.
Recordaron que al Auditor Superior de Michoacán lo designó por unanimidad el Congreso del Estado para un periodo de siete años, que culmina en el 2018, tal y como lo establece la Constitución de la República.
Conseideraron que la iniciativa del gobernador llegó tarde y en un tiempo inapropiado. Faltan solo ocho meses para que inicie el proceso electoral y el ejecutivo estatal se ha quedado sin Secretario de Gobierno que es el interlocutor constitucional ante el Congreso.
Advirtieron que la iniciativa de reforma constitucional, resulta también inviable desde el punto de vista administrativo, toda vez que contraviene las políticas de austeridad que dice promover el propio gobernador, porque pretende generar más burocracia.
