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Se llama Tito Emigdio Fernández Torres y este miércoles fungió como vocero de “varios empresarios michoacanos” en una conferencia de prensa brindada en la Ciudad de México para acusar a la Policía Federal y las guardias comunitarias de crear una nueva organización elictiva.
De profesión arquitecto, Fernández Torres se presentó ante los medios de la Ciudad de México como representante del “Movimiento Paz y Dignidad por Michoacán” el cual aseveró agrupa de igual manera tanto empresarios, productores y agricultores michoacanos, quienes demandaron al gobierno de Enrique Peña Nieto más recursos económicos y menos policías federales, lanzando un “S.O.S” mediático.
Lo que el empresario Torres no ha dicho es que él no es alguien precisamente muy confiable para exigir a la federación recursos, pues se trata de un ex funcionario inhabilitado en el Distrito Federal, relacionado a las corruptelas del empresario argentino Carlos Ahumada.
Tito Torres fungió como subdirector de Obras, en Iztapalapa y fue relacionado en 14 procesos distintos, que arrojan sanciones por 22 millones de pesos, e inhabilitaciones por 82 años luego que una auditoría reveló una serie de compras no autorizadas.
En su momento presumía de conocer y mantener estrecha amistad con el empresario naturalizado mexicano, hoy en la ruina.
El diario La Jornada lo asentó en marzo del 2004 a través del reportero Ernesto Martínez: “Posteriormente (a su pasó por el gobierno de la Ciudad de México), Tito Fernández llegó a Michoacán en compañía de gente del empresario Carlos Ahumada. Este grupo, por influencia política, fue colocado en posiciones preponderantes en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), siendo incluso el inhabilitado en el DF, subsecretario de esta dependencia.
Llegado Lázaro Cárdenas Batel a la gubernatura, designó titular de la SCOP a Alfonso Solórzano Fraga, ex secretario general del PRD en Michoacán, posteriormente precandidato al Senado de la República y luego aspirante a la presidencia municipal de Morelia.
Mientras Solórzano Fraga se desempeñaba al frente de la SCOP la dependencia fue auditada. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de Michoacán halló varias irregularidades administrativas y formuló observaciones. Tito Emigdio Fernández Torres fue inhabilitado también en Michoacán. Este hecho se produjo en 2002.
Con documentación que existe sobre algunas de las licitaciones que lanzó la SCOP, resulta que fueron cuatro empresas las que siempre las ganaban. Esas empresas son: Cascata, Grupo Quart, Austra y Agosa, las cuales tienen vínculos con Carlos Ahumada y Tito Fernández Torre”, asentó el diario.
No obstante sus antecedentes, apostando tal vez a la desmemoria colectiva, Tito Fernández y sus compañeros exigieron este miércoles a la Federación el “urgente envío de recursos para Michoacán, no de policías federales, pues lo que requerimos es reactivar la planta productiva del Estado”, pidiendo al presidente de la República “que escuche a la sociedad y nos incluya en la toma de decisiones que habrán de delinearse para atender el caso Michoacán, pues la sociedad ya no cree en la clase política”.
En su momento el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel subrayó que nunca recibió dinero de Carlos Ahumada para financiar su campaña, como lo han asegurado algunos articulistas, aunque admitió que sí lo conoce.
Precisó que Tito Fernández Torres, quien se señala fue colaborador de Ahumada y fungió como subsecretario de Obras Públicas en la entidad, se separó del cargo en noviembre de 2002, refiriendo que “es público” que el ex funcionario se encuentra inhabilitado y bajo proceso administrativo en la Contraloría del estado por faltas cometidas en pagos de derecho de vías.
