Autodefensas // By Juriath Cervantes
QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL ESTADO MEXICANO, y ésta debe garantizarse a través de sus cuerpos policiales y una estrecha, efectiva y permanente coordinación de los tres órdenes de gobierno.
La presencia de civiles que en 2013 se levantaron en armas dejó claro en Michoacán que, si bien se justificó el alzamiento por las circunstancias del momento -el crimen organizado había suplantado en varios aspectos la función del gobierno y establecido poderes de facto-, no es el estado ideal de las cosas.
Los llamados autodefensas se vieron obligados a establecer barricadas y combatir a los criminales que ya cobraban derecho de piso y cuotas en todos los sectores productivos y la población civil, y a quien se resistía simplemente les quemaban sus negocios o asesinaban.
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QUE LOS AUTODEFENSAS FUERON INFILTRADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO, lo que abrió nuevos frentes de inseguridad debido a que estos criminales actuaban con intereses enfocados a tomar el control de las plazas que el cártel hegemónico de la época había perdido ante el avance de los civiles armados, primero, y la intervención de fuerzas federales, más tarde.
Bajo ese contexto, el 10 de mayo de 2014 la autoridad federal -que ya había empezado a recuperar el control de la seguridad- decreta la desmovilización de las autodefensas y recluta a varios de ellos para formar parte de los cuerpos oficiales de seguridad.
En diciembre de 2015, el gobernador Silvano Aureoles anuncia un esquema para indemnizar a ex autodefensas auténticos por el aporte que hicieron por la entidad, con el fin de que puedan establecer algún proyecto productivo y retomar sus actividades en sus comunidades. Otros decidieron seguir en la Policía y algunos más acabaron insertados en células criminales que hoy buscan reposicionarse en el territorio estatal.
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QUE NUNCA MÁS LA SEGURIDAD PÚBLICA DEBE RECAER EN LA POBLACIÓN CIVIL, sino en las instituciones como lo marca la Constitución y las leyes en los estados, por un sentido de gobernabilidad y estabilidad política y social.
Para ello, es necesario continuar el proceso de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales, a través de esquemas que garanticen la confiabilidad y capacidad de sus elementos, con exámenes de control y confianza, evaluaciones permanentes y mecanismos de sanción a quienes incurran en actos de corrupción o que vayan en contra de la ley.
En Michoacán se han dado pasos importantes en ese sentido, y a esa ruta debe seguirse apostando para evitar caer en la ingobernabilidad que provocó el levantamiento armado de hace cuatro años.
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LOS CIVILES QUE RECIENTEMENTE COLOCARON BARRICADAS EN UNA COMUNIDAD DE LOS REYES ESTÁN VIOLANDO LA LEY, pues aunque tengan una razón para inconformarse no pueden caer en conductas que impliquen la comisión de delitos para exigir la solución a sus demandas, por legítimas que éstas sean.
En primera instancia, las autoridades estatales han establecido un estrategia de diálogo con los habitantes inconformes para buscar una solución al problema que está focalizado en esa comunidad específica y brindarle la seguridad que reclaman.
Es deseable que dicha estrategia arroje resultados que permitan a las instituciones formalmente establecidas el control de la seguridad pública, pues de lo contrario, los civiles que pretenden suplantar las labores de la autoridad podrían verse implicados en procesos penales como sucede en toda sociedad democrática y garante de la ley.
Pero el próximo lunes le seguimos contando.
