STAFF/ Sebastián López Mendoza-@sebaslmm / Elly Castillo- @ellycastillo
Apenas tiene 22 años, pero Cristóbal N. ya se hacía llamar asesor financiero, networker y hasta inversionista de fondos internacionales, así lo presumía en sus redes sociales.
Mostraba una vida de hartas comodidades, rodeado de lujos, fiestas, viajes a Emiratos Árabes, Francia, y varios países más, carros de alta gama, al tiempo que ofrecía asesorías «para invertir bien tu dinero». Encuadra todo el concepto que la sociedad cataloga como «junior», un chavo que vive desde el privilegio que le brinda su familia, esa que hoy mismo lo protege gastando considerables sumas de dinero para evitar que pise la prisión y se quede encerrado para pagar la deuda que tiene con la sociedad moreliana.
Y esa deuda, más que económica, es moral. Teniendo la vida a sus pies, sin tener que preocuparse por nada más, la realidad de Morelia lo aterrizó en un instante, el mismo que le cambió la vida a otras 3 familias, que a diferencia de él, tenían que trabajar todos los días para mantener a su familia.
Mató a gente trabajadora
Justo cuando Humberto, Hubaldo y Surisaday viajaban en la camioneta del negocio de carnicería para el que laboraban, la mañana del pasado sábado 3 de mayo, Cristobal, alcoholizado y marihuaneado les impactó de frente.
En cuestión de minutos, su irresponsabilidad al volante apagó la vida de dos personas, a otra más se la cambio para siempre, y la suya debería estar trastocada para siempre.
Eran alrededor de las 7:10 a.m. de ese sábado 3 cuando Cristóbal perdió el control de su BMW al circular sobre Periférico Sur de Morelia, justo frente al hotel Montecarlo.
Conducía a exceso de velocidad cuando se subió a camellón, se brincó y dio de frente en sentido contrario a la camioneta Hyundai H100, tipo panel, color blanco.
Humberto C. falleció en el lugar, mientras que Hubaldo M. en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS.
En tanto, Surisaday H., resultó gravemente herida y debieron amputarle una pierna.
Manejando un BMW bien pedo y marihuano
Tras un examen toxicológico, que había sido «perdido» en un primer momento, pero gracias a la presión mediática se «encontró», la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que Cristóbal había consumido tanto alcohol como marihuana al momento del incidente.
Familiares de los fallecidos señalaban que la Fiscalía entorpecía el caso y no quería revelarles la identidad de Cristóbal, temían encubrimiento. En redes sociales comenzó la presión.
El hecho de que estuviera bajo los efectos de sustancias aumenta su responsabilidad en el accidente, lo que podría derivar en penas más severas y cargos adicionales durante el juicio
Entonces surgieron los nombres de sus padres, y los vínculos políticos afloraron, ya que ocupan puestos clave en la política: la madre, Brenda Alipio Mendoza, secretaria de Finanzas en Michoacán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); el padre, Cristóbal Estrada Rodríguez, fue delegado administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán.
De aquí se infiere el sostén del estilo de vida que llevaba su vástago hasta ese momento.
Trascendió, además, que Jonatan Isahib, actual pareja de su madre, también ocupaba un cargo público en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), organismo encargado de distribuir los recursos destinados a las víctimas de tragedias como la suya.
Poderoso caballero es don dinero
Todos estos antecedentes han alimentado las sospechas sobre posibles abusos de poder e influencias para beneficiarlo, especialmente tras la decisión de no dictar prisión preventiva mientras se resuelve el caso por parte del juez Víctor Antonio Ferreyra García, quien rindió protesta el 10 de marzo en el pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán como juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal oral, y que ahora busca el mismo nombramiento en la próxima elección judicial que se llevará a cabo el 1° de junio, para lo cual ya ha comenzado a hacer promocionales en redes sociales.
Sin embargo, las leyes michoacanas permiten ese beneficio que alcanzó Cristóbal: Llevar en libertad bajo caución su proceso legal al no ser un homicidio doloso, sino culposo, es decir, incidental, no planeado.
De esta manera, mientras se determina el resultado final del caso, Cristóbal enfrentará el proceso legal en libertad, con medidas cautelares que incluyen: no salir del país, el embargo de un bien inmueble, restricción para conducir, tratamiento en una institución especializada para sus adicciones, firmar cada 15 días y abstenerse de consumir alcohol o drogas.
Por otro lado, el dolor de las personas cercanas a las víctimas se refleja en los testimonios que han compartido a través de sus redes sociales, expresando el profundo impacto que la tragedia ha causado en ellos, mostrando apoyo y solidaridad con las familias de los fallecidos, y exigiendo justicia para el responsable del acontecimiento.
La familia de Cristóbal ofreció a los familiares de las víctimas un acuerdo económico de 240 mil pesos, a pagar en seis mensualidades de 40 mil pesos cada una, como una forma de “resarcir” el daño causado. Una propuesta que fue vista por muchos como una burla frente a la magnitud de la tragedia, ya que no solo se trató de pérdidas irreparables, a las que además se les puso un «precio», sino que además las víctimas eran el sostén económico de sus hogares, dejando a varias personas en situación de vulnerabilidad.
Le cambió la vida a 3 familias para siempre, de la peor forma
Y es que más allá de la necesidad de justicia, están las otras vidas que cambiaron para siempre: dos familias que quedaron incompletas, con seis niños que quedaron huérfanos. Las víctimas no solo perdieron la vida, dejaron atrás personas que dependían de ellas emocional y económicamente.
Este caso es solo uno de tantos en los que alguien que lo tenía todo (lujos, comodidad y una vida aparentemente resuelta), termina enfrentando las consecuencias de sus actos. De estar en una cima de privilegio, pasó al centro de una tragedia que transformó su destino.
En 4 meses a más tardar se sabrá su destino
El juez Ferreyra ha dictaminado que en cuatro meses se definirá su futuro y se sabrá si el precio de sus decisiones será suficiente para hacerle pagar por lo ocurrido. Hablando de pagar, la ley estatal también contempla la reparación del daño de forma monetaria si llegan a un acuerdo financiero con las familias afectadas para que otorguen el perdón legal a cambio de evitar la prisión.
Mientras se define el futuro de este junior michoacano, dos familias han quedado enlutadas para siempre. ¿Cuánto cuesta una vida en Morelia?
