Alfredo, el inquisidor/ By @gaaelico

Por Toño Aguilera

Las crónicas de la inquisición en España refieren que los inquisidores se establecían por un periodo definido de semanas o meses en alguna plaza central, desde donde promulgaban órdenes solicitando que todo culpable de herejía se presentara por propia iniciativa.

Los inquisidores podían entablar pleito contra cualquier persona sospechosa. A quienes se presentaban por propia voluntad y confesaban su herejía, se les imponía penas menores que a los que había que juzgar y condenar.

Se concedía un periodo de gracia de un mes más o menos para realizar esta confesión espontánea; el verdadero proceso comenzaba después. Si los inquisidores decidían procesar a una persona sospechosa de herejía, el prelado del sospechoso publicaba el requerimiento judicial. La policía inquisitorial buscaba a aquellos que se negaban a obedecer los requerimientos, y no se les concedía derecho de asilo. Los acusados recibían una declaración de cargos contra ellos.

La Inquisición fue un instrumento político-religioso institucionalizó la intolerancia fomentando la persecución de las minorías religiosas y la represión de cualquier posible desviación de la fe católica. El mayor inquisidor de la historia es (paradojas de la vida) el Vallisoletano (que no moreliano) Tomás de Torquemada, de quien se sabe implementado todos los métodos de tortura, acusaciones, persecuciones, señalamientos y represiones que han hecho mítica al que se ha dado llamar Tribunal del Santo Oficio.

Tomás de Torquemada se avocó por entero a cumplir con la misión de erradicar de los reinos hispanos a los «Marranos», es decir los judíos y moriscos quienes fueron acusados por los cristianos viejos de convertirse al catolicismo por puro interés más que por verdadera convicción religiosa. Lo cierto era que los viejos cristianos se sentían molestos por la bonanza económica y comercial de esos judíos conversos, y en consecuencia perjudicados en sus negocios cuya ralentización era palpable, por lo que, más que religioso, el móvil era económico.

La estirpe del Gran Inquisidor ha sobrevivido al personaje de Torquemada e incluso a la institución que él inició. Baste recordar las feroces cazas de brujas padecidas en centroeuropa durante los siglos XVI y XVII. En el siglo XX tampoco han faltado nuevos inquisidores.

En un artículo de fondo de Indro Montanelli leemos: «La del chivo expiatorio era la técnica utilizada por la Inquisición en los siglos oscurantistas, cuando al populacho exasperado por alguna peste o carestía se le indicaba alguna bruja o algún untador, o presunto culpable de extender la peste, para que sobre ellos desahogara su rabia enviándolos a la hoguera.»

A pesar de que la inquisición antigua no intervenía para excitar al populacho sino, al contrario, para defender de sus furias irracionales a los presuntos untadores o a las presuntas brujas. Sin embargo, los inquisidores contemporáneos gustan más de los linchamientos, preferentemente de orden mediático, para primero quemar en la hoguera de la opinión pública a sus acusados, y después ya en el proceso trata de conseguir una prueba fehaciente o superviniente que logre hundir al perseguido en el infierno contemporáneo de la lapidación por la opinión pública y por el castigo penal corpóreo.

En Michoacán tal parece que vivimos tiempos medievales, de brujas, de hogueras, de acusadores y soplones, de dedos flamígeros y de santos tribunales que buscan expiar las culpas, complicidades, sospechas (sean leves o graves), los chismorreos, las acusaciones y más vigente los videos.

Alfredo Castillo arribó a Michoacán el pasado 15 de enero con un amplio decreto presidencial bajo el brazo, que casi casi se compara con la bula papal con la que Torquemada instauraba las hogueras en las plazas públicas para dirigir los denominados “autos de fe”.

Y desde entonces, el Torquemada mexiquense (Alfredo Castigo ya le llaman) ha desplegado un amplio operativo para combatir la herejía de nuestros tiempos: el crimen organizado y su maridaje maldito con la política.

No se puede negar que el Tribunal del Santo Oficio Federal (denominado eufemísticamente Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán) ha tenido éxito en su encomienda, ha llevado a la hoguera, la rueda, la doncella de hierro o al potro de sangre a no pocos gerifaltes y cabecillas del crimen organizado.

Pero a fechas recientes, a Castillo se ha abocado a la purga de la política que fue contaminada por la criminalidad, en donde le ha colocado el cepo a varios alcaldes y prominentes militantes del partido local en el poder: el PRI, en especial a Jesús Reyna.

En una reunión que sostuvo con los líderes e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, Castillo emitió una serie de declaraciones que ya están siendo tipificadas como la “era del terror”, verbigracia: “Hoy hemos visto que han caído presidentes municipales, han caído tesoreros, han caído gente de un alto nivel gubernamental, y faltan otras personas, en su momento se continúa investigando y llegaremos a un punto en el que también tendremos que ver con gente que sus actividades tal vez tengan que ver con situaciones financieras o de cuello blanco, en temas de otra índole”. Y el sudor nublo las cienes de muchos de los presentes.

Y no es que en muchos casos no se justifiquen los tiempos jacobinos en Michoacán, en donde abiertamente muchos políticos o autoridades colaboraban o de plano pertenecían a las redes del poder del crimen organizado.

Pero también es necesario señalar que en muchos casos, los alcaldes, los funcionarios, los empresarios, los líderes sociales se vieron forzados por la lógica de “cooperas o cuello” a formar parte de las redes colaborativas del crimen en Michoacán.

Verdaderamente se ha instaurado una “era de terror” en la clase política y ahora en el sector empresarial de Michoacán, y más allá de que Castillo pretenda hacerla del Robespierre federal, es necesario que revise los pasos que está dando, y no esté cometiendo más injusticias de la presunta justicia que dice procurar.

@gaaelico

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