STAFF/Alejandro Amado/@michangoonga
El sábado pasado, en el límite para hacerlo y tan sólo con un muestreo de cinco dependencias y 11 municipios, la Comisión de Programación y Presupuesto aprobó el dictamen con el que se reprobaba la Cuenta Pública 2016. Este día, con 36 votos a favor, el Pleno del Congreso del estado avaló la decisión con 36 votos a favor de los 40 legisladores que integran la LXXIII Legislatura.
Entre las razones de los diputados para reprobar la Cuenta Pública están el hecho de que el informe no se presentó en apego a la legislación aplicable, que no refleja de forma razonable la situación financiera del estado, tampoco la del gasto público, ni presenta una evaluación al desempeño institucional de servidores públicos. A esto se añade la falta de información conforme a la legislación contable y financiera.
Es así que los legisladores locales optaron por reprobar por sexto año consecutivo el informe de la Cuenta Pública de las finanzas estatales, esto al no contar con elementos suficientes para realizar una valoración. De manera que respaldaron por unanimidad el dictamen de una Comisión de Presupuesto que ante la premura del tiempo hizo “copy-paste” del dictamen de la Cuenta Pública 2015 y reprobó no sólo las finanzas estatales sino las de los 108 municipios que presentaron sus informes del año 2016.
Ante este panorama, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), órgano dependiente del poder Legislativo, tiene obligación de dar seguimiento a las observaciones y procedimientos para investigar presuntas irregularidades, así como al cumplimiento de recomendaciones y sanciones.
Sin embargo, las acciones legales contra quienes presuntamente habrían saqueado las arcas públicas no han arrojado un solo exservidor público a cumplir una condena. Apenas se cuentan con los dedos los que han sido detenidos, quienes no obstante salen a punta de amparos o con el pago de onerosas cauciones o fianzas que van de los 30 a los 50 millones pesos, lo que lleva a preguntarse de dónde obtienen el dinero para evitar ir a prisión.
Es el caso de José Manuel Zárate, ex subdirector de Construcción de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas (CEAC) y de Miguel Ángel Pantoja, expresidente municipal de Parácuaro, quienes fueron acusados de peculado por 10 millones de pesos y detenidos en el 2014.
También en esa lista está Desiderio Camacho Garibo, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y quien formó parte del gabinete del exgobernador Leonel Godoy se le detuvo por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por 100 millones de pesos.
A ellos se suman Luis Miranda, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Fausto Vallejo, detenido en 2017 por el presunto desvío de recursos públicos. Humberto Suárez López fue acusado de peculado durante sus servicios en los gobiernos perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, en tanto que Mireya Guzmán, quien fuera secretaria de Finanzas y Administración con Godoy Rangel fue acusada de enriquecimiento ilícito.
Todos ellos quedaron en libertad luego del pago de millonarias fianzas que, como ya se dijo, alcanzan los 50 millones de pesos. Ante esto, legisladores de distintas filiaciones coinciden en la necesidad de meter una iniciativa para evitar que no tengan consecuencias los desfalcos al erario público, sin embargo todos parecen tener cosas más importantes qué hacer y abdican de su principal obligación, que es fiscalizar las finanzas públicas del estado.
