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La Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez del Partido del Trabajo calificó de lamentable que el Congreso del Estado aprobara pena de cárcel a quienes realicen “pintas”, e indicó que se trata de una forma de criminalizar a los jóvenes.
La decisión del Congreso, que consistió en la adición de un artículo 232 bis al código penal local, contempla una pena de cárcel que va de los 6 meses hasta más de dos años a quien “dolosamente dañe muros, paredes, puertas, ventanas o cualquier elemento fijo que se encuentre en vía pública, por medio de pintas”.
Ante tal planteamiento, la diputada argumentó, que si bien es importante cuidar los diferentes tipos de patrimonio, el cultural arquitectónico, particular y colectivo, esto no justifica medidas duras de carácter punitivo, que especialmente irán dirigidas contra los jóvenes.
Refirió Fraga Gutiérrez que poco se hace por parte de los gobiernos estatales y locales para que los jóvenes, conozcan el patrimonio y su riqueza cultural para que lo sientan parte de su identidad colectiva, y desarrollen un sentido de pertenencia socio-histórica que los haga partícipes de su preservación y cuidado.
Sobre los casos de las pintas denominadas como “vandalismo” refirió que se suelen dar en un contexto en que los jóvenes carecen de alternativas educativas, culturales, deportivas o recreativas, y de eso no menciona nada el dictamen aprobado por el pleno.
Este tipo de acciones de daño se pueden prevenir y remediar de otras maneras insistió la diputada, “por un lado, debemos aceptar que no existen espacios dedicados a la manifestación de expresiones artísticas, culturales o políticas para los jóvenes, que se manifiestan donde eligen sin conciencia de cómo trasciende el daño realizado. Además, se deberían de crear acciones gubernamentales para que los jóvenes asuman como propio el patrimonio arquitectónico de la ciudad, reconociendo su valor histórico, su carácter identitario, siendo partícipes de uso actual como parte del desarrollo de nuestro estado”
Atajó que es la visión simplista conlleva a que se convierta en un grave error el imponer penas severas como opción fácil, a los jóvenes que incurren en estas acciones, cuando estamos también ante omisiones o falta de acciones posibles por parte del Estado para el verdadero goce y disfrute de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de una franja considerable de la juventud en el estado. El castigo severo en este sentido, será sólo una forma de no asumir dichas carencias en la acción gubernamental y una forma de criminalizar a los jóvenes que no han sido verdaderos sujetos de derechos en un modelo de desarrollo que los margina, discrimina y excluye.
Cabe resaltar que la diputada del PT, presentó al pleno una propuesta para dejar el castigo a estas acciones sólo con carácter administrativo con “trabajo en favor de la comunidad, preferentemente en acciones para reparar el daño”, pero en la votación el pleno la rechazó, para proceder con la aprobación de la pena de cárcel.
