STAFF/@michangoonga/Alejandro Amado
Desde hace cuatro años personas con discapacidad han buscado sin éxito la instalación de un elevador en el Congreso del estado, hace un par de años se hizo incluso una cotización por 500 mil pesos, por lo que Vania Montes, quién forma parte del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (Coepredv), se sorprendió del monto de 150 mil pesos del contrato que habría dejado la LXXIII Legislatura, por lo que, asume, sólo es el costo del proyecto.
Fue el 2 de mayo del 2014 cuando Vania Montes, activista con discapacidad, presentó la solicitud formal con las firmas de algunas asociaciones civiles, entonces otro activista de nombre Ubaldo Flores subió arrastrando las escaleras del Congreso para evidenciar la falta de accesos para personas con discapacidad motriz.
Un año después, en 2015, le dijeron a Vania no tener registro de la solicitud. Tiempo después, en 2016, le comunicaron que ya habían hecho un presupuesto por alrededor de 500 mil pesos, elaborado por la misma empresa que realizó el elevador en el Palacio del Ayuntamiento, pero lo que hacía falta era el recurso.
Ese mismo año le informaron que no se aprobó el proyecto porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no había dado el permiso, asunto que resultó falso pues en el INAH nunca se recibió solicitud al respecto, a decir de la activista.
“Era un costo de alrededor de 500 mil pesos el elevador que proponían entonces, porque era muy rudimentario, parecido al del Ayuntamiento, incluso creo que es la misma empresa la que había hecho la cotización. Posterior a eso no s dijeron que no se aprobó porque el INAH no dio autorización, lo cual era mentira por qué el INAH nos dijo que nunca hubo solicitud”
Agregó que fue hasta hace tres o cuatro meses que la entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adriana Hernández Íñiguez, le garantizó que saldría en la LXXIII Legislatura y que sería la primera en enterarse cuando concretara. No obstante, fue a través de los medios que se enteró de un contrato por 150 mil pesos, muy por debajo del proyecto arquitectónico de 500 mil pesos que ya habían realizado un par de años atrás.
Changoonga se dio a la tarea de buscar a la diputada Yarabí Ávila González, quien preside el Comité de Control y Administración, para saber qué ha ocurrido con el asunto del elevador en el Palacio Legislativo, sin embargo, no ha respondido llamadas ni mensajes.
