Operativos al margen de la ley
Por Rafael Escutia Garmendia
En días pasados estuve en la ciudad de Morelia. Ahí en reuniones –sobre todo con jóvenes- recibí de manera constante una misma línea de comentarios: hay una sensación de inseguridad ocasionada por la “autoridad”. ¿Cómo, “la autoridad” genera una sensación de inseguridad – se preguntará usted-? ¿Cuál autoridad – es la segunda pregunta básica sin duda-? Y, ¿por qué se percibe esa sensación de “inseguridad” –es quizás otra de las interrogantes que cualquiera podríamos hacernos-?
Vamos por partes: ¿cómo? En algunas de las reuniones que sostuve con jóvenes que por razones de estudio o trabajo viven o se trasladan en la entidad michoacana, la percepción al respecto radica en los operativos policiacos –retenes– que se llevan a cabo sin la participación de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, medios de comunicación, Ministerios Públicos, activistas e instancias de atención a las juventudes así como sociedad civil organizada. Y aunque en apariencia dichos operativos forman parte de una estrategia integral de “combate al crimen organizado” su trasfondo real es incierto pues desde una perspectiva jurídica, dicho combate es de orden federal y no estatal por lo que tales operativos representan una auténtica arbitrariedad solapada por el Ejecutivo Estatal, ignorada por las instancias de juventudes –municipales o estatales; académicas y hasta por la sociedad civil, por cierto: más valdría que los #yoSOY132 incidieran en este sentido y no en su infructífera lucha post electoral.
Ahora bien: ¿cuál autoridad? Resulta que tales “operativos” funcionan instalándose de un momento a otro en algún punto de la ciudad o el interior del estado, en convoyes de no más de tres patrullas – ¿quién en su sano juicio combate al verdadero crimen organizado con 12, 14 o 16 elementos y con apenas tres vehículos?- y, deteniendo a vehículos compactos, no suntuosos, con placas de Estados Unidos o sin reemplacamiento; la detención se hace a unidades conducidas por jóvenes en auto o motocicleta a quienes abordan en tono insultante, altanero, sin presentarse, e identificarse en rango, grupo policiaco, motivo por el cual se le pide se detenga o incluso baje del vehículo y permita una “revisión de rutina”. Acto seguido “la autoridad” increpa la razón por la que los detenidos – casi acusados/as- no portan licencia, placas nuevas, tarjeta de circulación o algún otro documento que en todo caso: sería la autoridad de tránsito la ÚNICA facultada para 1) validar 2) cotejar 3) sancionar en casos de contemplados en la Ley de Tránsito. Ante el desconocimiento de la razón por la que son detenidos, sus derechos como ciudadanos y las garantías que debe respetar de “la autoridad” los jóvenes confiesan acceden a “cooperar con algunas mordidas a fin de salir bien librados”.
Y, ¿por qué? Los jóvenes –y ciudadanos en general- saben que están desamparados, desprotegidos. Que si se rehúsan a ser “revisados” podrían enfrentar agresiones físicas, cargos administrativos e indiferencia institucional. Así pues, el Ejecutivo Estatal evidencia entre otras cosas su complicidad arbitraria pues sabe que el combate al crimen organizado exige de medidas distintas que la delincuencia común. Aunado a ello y hasta este punto, no se ha cuestionado al exitoso programa del “alcoholímetro” el cual ha logrado reducir considerablemente los accidentes automovilísticos y que incluso, el sector juvenil respalda. El tema es pues, la arbitrariedad de los cuerpos policiacos y la visible ignominia del estado. Fausto Vallejo parece haber perdido el control de los cuerpos policiacos porque, reitero: el combate al crimen organizado es de orden federal, exige de condiciones en fuerza, operatividad y formas distintas por lo que hoy por hoy si sus cuerpos policiacos tienen “la orden” de contribuir a la paz social lo están haciendo mal o bien, la ciudadanía simplemente no logra entender por qué se le detiene, se le hostiga sin menoscabo alguno.
Foto: Nazcapress.com
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