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Alejandro Amado @Letravierta / Changoonga

A punto de cumplirse 10 años del atentado con granadas durante el Grito de Independencia, de las víctimas resultantes las que han llevado la peor parte son las que atiende el Seguro Popular, toda vez que no les cubre la totalidad de los medicamentos, y cuando forman parte del cuadro, no están en existencia. Tampoco la atención médica no ha sido la más adecuada en este sistema de salud que se introdujo en 2003.

Así lo denunció Guadalupe Hernández Arreola, quien pese a haber quedado con secuelas permanentes como producto de “los granadazos” del 15 de septiembre del 2008, no cuenta con pensión vitalicia y la que recibe, poco más de 4 mil pesos, resulta insuficiente para cubrir tan sólo los gastos médico de ella, su esposo y su hija menor. El gasto, tan sólo en medicinas asciende, a 10 mil pesos mensuales entre los tres, siendo ella la que mayores recursos destina, casi 8 mil pesos, por tratarse también con medicamento controlado a raíz de aquel suceso que marcó su vida. “La vida nunca volverá a ser la misma desde aquella noche”, manifestó.

A Guadalupe le quedaron alojadas esquirlas en las piernas y terminó dañada del nervio ciático; su vida es otra desde entonces, anda con pantuflas todo el día pues los zapatos le lastiman y casi no sale de casa pues caminar unos pasos le puede costar serios dolores que no le permiten dormir por las noches y pueden impedirle levantarse de la cama por días.

Aun así estaba disputas a desplazarse de su domicilio para contar su historia, pero nosotros acudimos a su pequeña casa en Villas de Oriente, en donde nos contó su historia que le sigue llevando al llanto al recordar los detalles. Recuerda con nostalgia que vivían antes en una casa grande que tuvieron que vender para cubrir los gastos de su rehabilitación.

Refiere que desde ese día no puede dormir más de cinco horas y aparte de la medicación para calmar el dolor debe tomar también tratamiento psiquiátrico; por el exceso de medicamentos que toma para calmar sus dolores, tanto físicos como mentales, sus riñones ya presentan estragos.

En estos años, lejos de que los representantes gubernamentales hayan acudido a los domicilios de las víctimas, ellas tienen que ir a buscarlos a sus oficinas, en donde han vivido episodios desagradables, como cuando le preguntó el entonces coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del estado, ahora presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, que “cuánto quería para estarse tranquila”.

¿Cuánto para que se calle?

“El entonces encargado de Atención Ciudadana me dijo en Palacio de Gobierno que qué quería, que cuánto era para que yo estuviera tranquila. Le dije, póngase usted en mis zapatos, cuánto vale la tranquilidad de usted y su familia, póngale precio y me dice. Me respondió que nosotros ‘todo queríamos. Le volvía a preguntar que cuánto valía la tranquilidad de su familia, y no me contestó. Me paré muy enojada y no podía caminar, me paré como Dios me dio licencia, y le dije que si no me quería dar ni un peso, no había problema. Después me preguntaron unos licenciados de ahí cuánto me había autorizado de apoyo, y se sorprendieron de que no me fuera a ayudar. Y ahora no puedo creer que esté de presidente municipal en Pátzcuaro”.

Víctor Báez parece hacer escuela en lucrar con la tragedia, pues cabe recordar que tras los sismos de septiembre del año pasado, reetiquetó despensas donadas por la sociedad civil con logos del DIF Municipal de Pátzcuaro, Ayuntamiento por el que se reeligió el 1 de julio, ya no como PRD sino como Morena.  

Otro desaguisado lo vivió con la primera titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Selene Vázquez Alatorre, quien le envió un subalterno a pedirle que dejará de dar declaraciones a medios so pena de retirarle los apoyos, esto en razón de que Guadalupe se ha convertido en una voz crítica que no duda en reclamar sus derechos. Hace dos años llevó una manta al evento para recordar a las víctimas reclamando las desatenciones.

“Una vez en Atención a Víctimas (CEEAV) me dijo un licenciado, que yo sé que fue enviado por Selene, que ya no me metiera por las demás víctimas, que no hablara por todos, y que en adelante se comprometía a que no me faltara nada. Yo le dije que por ninguna cantidad le iba a dar la espalda a las demás víctimas”.

Enfatizó que sus exigencias de una atención de salud digna no son sólo para ella, pues indicó que aún hay hasta 18 víctimas con secuelas del atentado que no han recibido algún tipo de apoyo, y hay más casos como el suyo de quienes resultaron con afectaciones de por vida y que reciben una pensión temporal que no alcanza ni para cubrir el costo de las medicinas.

Señaló que durante los gobiernos estatales priistas de Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara,  se desentendieron del tema al decir que “no había ocurrido en su administración”, por lo que las cosas empeoraron. Fue entonces cuando la familia de Guadalupe tuvo que vender su casa para poder costear los medicamentos, así como la herramienta del taller de carpintería que tenía su esposo.

Lamentó especialmente que las becas prometidas para los hijos de las víctimas por parte del expresidente de la República, Felipe Calderón, nunca llegaron;  tampoco las que comprometió la Fundación Rafa Márquez, pues sólo les dieron un par de apoyos anuales consistente en 5 mil pesos y una computadora.

Les dijeron que se había acabado el dinero pero tiene sus dudas de si realmente la mayoría llegó a las víctimas, pues había 2 millones de pesos en ese fideicomiso. Señaló que su hija tuvo que dejar la Universidad en el primer año ante las complicaciones económicas que implican las secuelas de los granadazos.

Reconoció que la actual administración estatal ha tenido acercamientos y una mejor disposición de escucharles, y la nueva titular de la CEEAV, Cristina Cortés, ha hecho más en sólo unos meses que lo que hizo en todo su periodo Vázquez Alatorre, al gestionar que se subiera la pensión, aunque no saben de cuánto será el incremento señaló que les dijeron que se vería reflejado para la segunda quincena de septiembre.

 

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