STAFF/Alejandro Amado-@Letravierta
En la víspera de que se cumplan 10 años del atentado con granadas de fragmentación en contra la población civil durante el Grito de Independencia en la capital michoacana, el Congreso del estado aprobó por unanimidad pensiones temporales a seis víctimas de los atentados del 15 de septiembre de 2008.
Se trata de María Guadalupe Salinas Aguilar, quien recibirá 6 mil 448 pesos mensuales; María Margarita Méndez, cuya pensión será de 9 mil 672 pesos; Marisela García García, a quien se canalizarán un total de 7 mil 254 pesos; Mayra Vanessa Bravo Castro, a quien se le asignó la cantidad de 5 mil 642 pesos; Teresa García Márquez, quien recibirá 6 mil 448 pesos; así como Viridiana Aracely Bucio Guzmán, una cantidad similar, todas estas de manera mensual.
Se estipuló en el decreto la facultad del Ejecutivo para establecer los mecanismos de pago idóneos, así como la tarea de llevar a cabo valoraciones periódicas que permitan identificar condiciones de salud, económicas, mayoría de edad, conclusión de estudios o fallecimiento de beneficiarios.
Es también facultad del Ejecutivo decidir sobre la extinción de pensiones, determinar aumentos o disminuciones, así como prever en el presupuesto de egresos los montos y partidas, asimismo realizar modificaciones presupuestales para dar cumplimiento al decreto. La medida, elaborada por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Deuda Pública, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Michoacán.
Apenas un día antes, Guadalupe Hernández, una de las víctimas que actualmente recibe pensión temporal, mencionaba que sabía de hasta 18 casos de víctimas de los granadazos que no estaban recibiendo pensión; declaró también que la pensión no cubre ni el 50 por ciento de lo que gasta mensualmente en medicamentos, aunque está afiliada al Seguro Popular.
El panorama del acceso a medicamentos parece no ser tan difícil para quienes estaban afiliados al IMSS en comparación con quienes están con el Seguro Popular; la disponibilidad de los medicamentos es mayor y reciben 75 por ciento del sueldo que tenían, pero de ello tampoco se enriquecen, la gran mayoría vive en colonias populares en domicilios modestos. Quienes no laboraban de manera formal cando ocurrió el atentado, viven con estragos de las esquirlas en el cuerpo y ven un panorama más difícil ante la falta de seguridad de contar con medicamentos e ingresos.
