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Elementos de seguridad privada impidieron que la trabajadora del Congreso de Michoacán Karina Campos Vargas pudiera ingresar a su centro de trabajo en la secretaria de acuerdos, sin presentar un documento de los motivos.
Karina Campos denunció que el abogado del congreso, Juan Miguel Abram Martínez, le pidió «500 mil pesos» para que fuera reinstalada en su puesto, pese a que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinó su reinstalación, luego de un procedimiento de casi tres años en donde se acusó de malos tratos al personal, los cuales dijo nunca fueron ciertos.
La trabajadora reinstalada, señaló que hasta el momento no tiene una respuesta de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Juanita Noemí Ramírez así como de otros legisladores a los que se acercó para plantearles el intento de soborno y la presunta agresión en su contra por elementos de vigilancia.
