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En lo que va de este 2018 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, ha logrado la localización de 216 personas reportadas como desaparecidas, es decir, 10 personas halladas semanalmente, de las cuales 127 fueron encontradas derivado de la aplicación de los protocolos establecidos en Alerta Alba y Amber.
Del total de estas localizaciones 32 se realizaron mediante la aplicación de la Alerta Amber, 72 por Pre Alerta y 23 son de mujeres que fueron encontradas mediante la aplicación de los protocolos de la Alerta Alba.
La aplicación de estos protocolos han sido un gran éxito en Michoacán, así lo afirmó en entrevista para este medio, Sandra Perales Valencia, fiscal especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
La fiscal especializada detalló que estos logros son el resultado de la estrecha coordinación que existe entre la PGJE y al menos 18 instituciones con las que se tiene colaboración, entre las que destacan la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Turismo; Seimujer, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Secretaría de Salud, DIF, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Relaciones Exteriores, SMRTV, Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Secretaría de Gobierno y autoridades municipales.
Perales Valencia explicó que el mayor índice de reportes de desaparición se concentra en los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora.
Además puntualizó que en la mayoría de los casos las personas extraviadas están en esa condición porque se ausentan de sus hogares por voluntad propia, ya sea por rebeldía (en los jóvenes), violencia familiar, desacuerdos con sus parientes y también por incitaciones en las redes sociales (“noviazgos” por Facebook, etcétera).
Comenzando la búsqueda
Sandra Perales comentó que para comenzar con la búsqueda de una persona no es necesario que se realice una denuncia ante la fiscalía, subrayó que basta con que las personas hagan del conocimiento a la autoridad de que existe un caso de desaparición para que se comiencen las actuaciones y se activen las alertas.
“La emisión de una alerta no necesita la presentación de una denuncia, con el simple hecho de decirnos que una persona está desaparecida y que corre riesgo su persona y que sea menor de 18 años se aplica la alerta Amber o si es mayor y es mujer se aplica la Alerta Alba, nosotros podemos iniciar la búsqueda sin la recepción de una denuncia.
“Una vez que se reciben los reportes o se realizan las denuncias, las autoridades implementan operativos para dar con las personas agraviadas, difundiendo las cedulas de identidad, principalmente en los lugares en que éstas solían frecuentar”.
Perales Valencia invitó a que los ciudadanos hagan su denuncia porque esta es la única manera de procurar la justicia, dijo.
También agregó que las personas localizadas son trasladadas a la Fiscalía donde se les brindan atenciones médicas y psicológicas para determinar si sufrieron algún daño y si son canalizadas o no a otras instancias.
“Inmediatamente que se recibe a una persona se revisa su integridad física y se aplica un dictamen psicológico para ver si está bien. En caso de que refiera que fue objeto de algún abuso sexual, algún abuso de violencia familiar se remite el expediente inmediatamente al área correspondiente”.
Ventajas y desventajas de usar las redes sociales para localizar a una persona
La fiscal especializada manifestó que el uso de las redes sociales en la búsqueda de una persona trae consigo ventajas y desventajas que pueden influir en el proceso de su localización.
“Una de las ventajas es que la difusión en las redes sociales ayuda a que más personas tengan conocimiento de que se está realizando una búsqueda y puede en determinado momento apoyarnos a dar información de haberla visto en alguna parte.
“Sin embargo, cuando esta difusión se realiza sin la asesoría del personal especializado los resultados podrían ser contraproducentes, por lo cual la recomendación es que antes de difundir cualquier dato en las redes sociales el asunto se haga del conocimiento de la autoridad para que esta intervenga mediante la aplicación de algún protocolo”.
También refirió que los números telefónicos personales que son colocados en las redes sociales ante algún caso de desaparición pueden ser aprovechados por vívales para sacar provecho: “Cuando las familias hacen la discusión de una cedula o fotografía de una persona, en las redes sociales, por lo general ponen sus teléfonos particulares, lo que genera que sean molestados por personas que están al acecho de víctimas para someterlas a una extorsión virtual y obtener un lucro indebido”.
