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La transformación del órgano encargado de la investigación de los delitos es una tarea urgente, por eso es trascendental trabajar en la construcción de instituciones democráticas que sean superiores a los individuos y atiendan únicamente al interés de la sociedad a la que representamos, sentenció la diputada Adriana Hernández Íñiguez.
Lo anterior al presentar la iniciativa de decreto que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual estipula que ésta será un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración.
La legisladora priísta detalló que plantea que este órgano cuente con una estructura orgánica mínima para el despacho de los asuntos que le competen, la cual podrá ampliarse conforme a las necesidades del servicio, a partir de los acuerdos que emita el fiscal general. También precisa lo relativo a las licencias, suplencias y ausencias temporales de la persona titular de la Fiscalía General.
Hernández Íñiguez detalló que en lo que concierne a la fiscalía para la atención de delitos electorales, se propone que ésta sea permanente y no transitoria.
Por otra parte, dijo que las funciones del Ministerio Público se dividen en las de carácter general; las relativas a la atención temprana; las que se ejercen durante las etapas de investigación; y las que se ejercitan ante las autoridades judiciales.
También se enumeran las funciones referentes a la investigación de violaciones a Derechos Humanos; las que se agotan ante los juzgados civiles y familiares; durante la ejecución de sanciones, y en materias tales como narcomenudeo, justicia para adolescentes y prevención del delito.
La diputada, originaria de La Piedad, informó que su iniciativa establece obligaciones adicionales a cargo de toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Fiscalía General.
En lo que respecta al Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia, se descarta la participación del Gobierno del Estado en la vigilancia de este y se propone la rendición de cuentas ante la Auditoría Superior.
“A fin de dar coherencia a la transformación de procuraduría en fiscalía, se propone la constitución de las Unidades de Clausura y de Transición”, dijo Hernández Íñiguez, quien detalló que ambas deberán generar esquemas de coordinación para el traslado de recursos humanos, materiales, financieros y todo lo relacionado a la transmisión de los procesos que surjan entre el proceso de clausura de la Procuraduría y el de instalación de la Fiscalía. Finalmente, la persona titular de la Fiscalía deberá emitir un Plan de Clausura de la Procuraduría, el cual contemplará todo el proceso de transición institucional.
