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Jornaleros Migrantes Denuncian Bloqueo De Servicios Básicos En Albergue De Tanhuato

STAFF/@michangoonga/Alejandro Amado 

Era el 28 de agosto de 2017 cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) asistió y avaló la inauguración de la nueva área de sanitarios y lavaderos del Albergue de Tanhuato para Jornaleros Agrícolas. Al evento asistieron el entonces delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Gerónimo Color Gasca, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Adriana Hernández Íñiguez.

Se anunció que, entre las obras de este albergue, así como el de Yurécuaro y Coahuayana se habían invertido 15 millones de pesos. Tan sólo entre la red de drenaje, agua potable y cableado eléctrico, se destinó una inversión federal de un millón 743 mil pesos. Aunque hay recursos de la Sedesol para infraestructura y mantenimiento, corresponde al Ayuntamiento de Tanhuato brindar los servicios básicos.

A casi un año visitamos al Albergue ante las denuncias que la Red Solidaria de Derechos Humanos hizo sobre las condiciones de hacinamiento y abusos en las que viven las por lo menos 150 personas, niños y adultos mayores una buena parte de ellos.

Ahí pudimos constatar que todos los grifos de los lavaderos fueron retirados por la administradora, que sólo llega el agua a un tambo del que con una manguera hechiza sacan el líquido hacia los lavaderos más cercanos, misma manguera que tiene fugas y deja que se formen enormes charcos que se convierte en foco de infección al ser caldo de cultivo para la proliferación de mosquitos.

Ante esta situación y el cobro de cuotas que pasaron de 35 pesos por adulto semanalmente, a 210 por habitación y en la que a decir de la administradora deben caber seis personas pero que igual cobra los 210 pesos, aunque no se llenen, además de un depósito cual si de la renta de un inmueble se tratara, los jornaleros agrícolas decidieron interponer dos amparos ante los que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado en los expedientes 357/2018 y 371/2018.

Las habitaciones del albergue son de aproximadamente 16 metros cuadrados en los que, de acuerdo a los jornaleros, llegan a habitar no seis sino hasta 10 personas, incluso aunque no sean parte de una misma familia y la administración se reserva el derecho de ingresar sin avisar, por lo que se les prohíbe cerrar con llave… a los que tienen puerta.

Entre las denuncias que escuchamos estuvo la de una señora que no pudo sacar a su hijo a recibir atención médica por la noche toda vez que el Albergue se cerraba a las 9:00 de la noche por órdenes de la administradora, quien se retiraba a esa hora junto al elemento de policía que resguarda, a veces, la entrada del inmueble y les deja encerrados con candado. “Estamos como en una cárcel”, dijo una de las jornaleras, quien refirió las complicaciones que tuvo para atender a su hijo.

“Una señora se alivió y no podía salir. ¿Por dónde iba a salir? Eso paso hace como 20 días, llovía y llovía y los paramédicos no podían entrar. A mí el otro día se me enfermó mi hijo, tenía calentura y no lo podíamos sacar para ir a ver al médico”, señaló una de las jornaleras, quien como todos los entrevistados prefirieron no dar su nombre por miedo a represalias.

Y es que luego de que varios medios de comunicación dimos cuenta de la situación que acontece en ese Albergue, han recibido advertencias que involucran su integridad física por participar con los activistas de la Red Solidaria de Derechos Humanos para denunciar a la administradora, quien por cuestiones de presunción de inocencia no podemos dar el nombre, y quien evitó tener contacto con los reporteros que acudimos a Tanhuato.

“Un muchacho me comentó sobre las reuniones que tuvimos con los de Derechos Humanos, que según la Policía dijo que los que estamos más cercamos con ellos, que se cobrarían con uno de nosotros, los que estamos más apegado a ellos. Yo le pregunte en qué forma, si nosotros sólo queremos que se haga justicia y que no se cobre lo que no es”.

Mientras se resuelven los recursos legales interpuestos, y la Red Solidaria analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra la administradora, existe la prohibición de cesar los cobros. Como antecedente existe una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se abrió de oficio en contra del Ayuntamiento en diciembre de 2016 por actos administrativos infundados y prestación ineficiente de servicios públicos.

 

 

 

 

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