STAFF/ Matilda Martínez
Siete contratos de industrias automotrices michoacanas, se encuentran en riesgo porque no pueden cumplir con lo pactado con grandes consorcios estadounidenses ante la ola de manifestaciones sociales y los cotidianos bloqueos carreteros que imposibilitan el transporte de los productos.
Reveló Ricardo Bernal Vargas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), al lamentar que la falta de estado de derecho en Michoacán, ponga en riesgo grandes contratos internacionales y con ello la fuga de inversionistas y empleadores.
“Estamos sufriendo todo el tema de las manifestaciones de los maestros, que toman carreteras y este es un problema que hoy en día es muy grave para los industriales del Estado y sobre todo para los industriales de la zona de Lázaro Cárdenas y la zona de Uruapan que son quienes atienden principalmente al ramo automotriz, ellos fabrican autopartes, pero ante la toma de carreteras se ven imposibilitados a llegar con los productos”, manifestó.
Lamentó que las industrias automotrices michoacanas, no hayan podido cumplir con los contratos, por lo que los consorcios norteamericanos han anunciado que buscarán otras empresas en entidades aledañas que puedan satisfacer sus necesidades de manera inmediata.
“La producción automotriz no para, sí están armando un vehículo, no pueden continuar hasta que Michoacán envíe los productos de lo contrario tienen que frenar con los trabajos, cosa que es imposible, por lo que han anunciado determinaciones drásticas y los socios michoacanos están manifestando su angustia”, subrayó.
Compartió que en lo que va de este 2016, al menos 3 empresas manifestaron su interés por invertir en Michoacán, pero al constatar la serie de problemáticas sociales, prefirieron buscar otras entidades de la república que garantizará mayor estabilidad.
Bernal Vargas precisó que los contratos que se encuentran en riesgo son 3 de Lázaro Cárdenas y 4 de Uruapan.
El líder industrial, demandó al mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo que restablezca el estado de derecho y no permita que continúe la afectación a terceros.
