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Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la venta de niñas continúa en comunidades rurales de al menos seis municipios de Guerrero. Las cantidades que se piden por las menores van de los 50 mil a los 250 mil pesos, y que el objetivo de venderlas, en el mejor de los casos, es para contraer matrimonio.
Tiburcio Cayetano, de la Asociación de Mujeres “Kinal Antzetik”, alerta que en al menos cuatro municipios (Malinaltepec, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca e Igualapa) se sigue registrando la venta de mujeres, en su mayoría menores de edad.
Agregó que en varias comunidades de esos municipios niñas de 12 a 17 años de edad son puestas a “la vente” desde 50 mil a 250 mil pesos, para casarlas con el hombre que las compra y ve como un objeto, para después someterlas a maltratos físicos y psicológicos que rara vez tienen atención médica.
Tiburcio, acusó que las autoridades de estas localidades son testigo de este delito y no hacen nada. Mientras, las autoridades estatales son “omisas y cómplices de la venta de niñas”.
La denuncia se realizó en una conferencia el día jueves, durante el cuarto y último día de la jornada de conferencias informativas en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, participaron también integrantes de Asociación Guerrerense Contra la Violación hacia las Mujeres, la organización Zihuame Xotlametzin, el Grupo Interdisciplinario para la Igualdad; la Casa de Atención a la Mujer Indígena (Cami) de Chilapa, Brígida Chautla Ramos; y el secretario general de la Gubernatura Nacional Indígena en Guerrero, Ambrosio Guzmán Juárez.
El activista señala que esta “costumbre” ha prevalecido en las comunidades, a pesar de que en el articulo 45 de la Ley General de los derechos de los niños y adolescentes establece que la edad mínima del matrimonio es de 18 años. Aseguró que las bodas de las menores de edad se celebran como cualquier otra, e incluso hay jueces que acuden para dar legalidad al enlace.
Las organizaciones denunciantes señalan que no se sabe si hay un registro de estos enlaces ilegales. Coincidieron en que hay complicidad de parte de las autoridades, pues ni si quiera actúan con campañas para garantizar los derechos de las víctimas.
