Columnero invitado…Luis Wilfrido Navarrete Virrueta

By: Luis Wilfrido Navarrete Virrueta

Ante la problemática que impera en el mundo sobre la emergencia sanitaria del SARS-CoV2 (COVID-19), también conocido como Coronavirus, es uno más de los tantos problemas que se suman a la lista de la agenda interna de los países; qué, por su naturaleza y trascendencia deben buscarse las soluciones más eficaces y oportunas para hacer frente a este problema y salvaguardar la salud, integridad y vida de los gobernados.

El Estado mexicano acaba de entrar en la tercera fase de esta pandemia, por lo cual, se deberán de tomar medidas un poco más drásticas, pero que, por ningún motivo deberán de violentar derechos humanos. Hay un antes, un durante y después dentro de la emergencia sanitaria del SARS-CoV2 (COVID-19), y, en cada una de ellas, se han cometido severas violaciones de derechos humanos. Por ello, el Estado de Michoacán debe de esforzarse en implementar medidas eficientes y eficaces, claras, que tengan como objetivo una amplia cobertura de derecho a la salud, y los derechos y libertades asociados de los gobernados, como la alimentación, la integridad física y psicológica, etc.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las reglas, atribuciones y limitaciones que tendrán cada una de las entidades de Gobiernos, Federal, Estatal frente a la problemática de la pandemia del COVID-19.  Pero así mismo, establece un marco de cooperación entre el gobierno federal, estatal y Municipal.  El problema es que, en plena contingencia, ya entrada la fase 3 no vemos acciones contundentes, observamos titubeos y falta de estrategias coordinadas entre los 3 niveles de gobierno, cada uno de estos niveles de Gobiernos echa la culpa al otro, ya que cada uno quiere llevar la preponderancia y adjudicarse los créditos de la política de salud, (misma que le compete al gobierno federal), como botín política después de la pandemia para transformarlo en capital político, para las contiendas (comicios) del 2021. Esto está totalmente fuera de la necesidad de cuidar de la salud de los ciudadanos. Esta visión política puede llevarnos a un callejón sin salida y provocar un (escenario de) severas violaciones a derechos humanos de los Ciudadanos.

Ahora bien, previstas las reglas de competencia desde el marco constitucional federal, los tres niveles de Gobierno, sus Instituciones y Organismos autónomos del Estado deben de entablar canales para ir dirimiendo las consecuencias que se han ocasionado las discordias que han derivado del escenario pocos alentadores en el combate del COVID-19. Por un lado, es de reconocer que los Ejecutivos han realizado acciones para solventar la economía del Estado y el bienestar de las familias. El judicial (limitadamente), sigue operando y pronto tendrá mucho que hacer debido a los retrasos en los asuntos que provocará le reducción de sus actividades durante la contingencia y el cúmulo de asuntos nuevos por las medidas impuestas por el ejecutivo. El Legislativo, sigue sesionando mediante las diversas plataformas electrónicas (sesiones virtuales). En algunas instituciones u organismos, el personal sigue laborando desde las oficinas o desde el famoso Home Office (Oficina en casa). Por otro lado, algún sector de la sociedad civil sigue laborando sin las condiciones mínimas de protección y atentándose contra sus derechos laborales tomando riesgos de salud.

En Michoacán la situación no está para echar Campanas al vuelo, podemos decir que la sociedad michoacana se encuentra en un grave estado de vulnerabilidad. Es preciso precisar varias situaciones las cuales agudizan esta vulnerabilidad de los michoacanos, desde el mes de diciembre en Michoacán no se cuenta con un defensor del pueblo, es decir, con Ombudsman. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, aún no cuenta con su presidente, tenemos entendido de que el encargado de despacho no es abogado de formación tampoco le interesa mucho involucrarse ya que sabe que al llegar el titular el abandonará el organismo y como se comenta que él no hará la chamba al hijo del vecino quien llegaría como titular en el organismo. La misma actitud se puede observar en el desempeño del funcionario del Organismo. Por otro lado, el Congreso del Estado ha prolongado sin razón aparente ni justificación alguna, ni siquiera un anuncio a la sociedad sobre la demora de más de cuatro meses para el nombramiento del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la entidad. Situación que genera un vació institucional y por consecuencia se pone en duda la efectiva protección de derechos humanos de los Michoacanos en este período difícil de una contingencia epidemiológica, es cuando los michoacanos necesitamos un referente sólido, para aclarar temas relacionados con nuestros derechos a la salud. Si bien, por el momento se cuenta con un encargado del despacho de la presidencia de la CEDH, éste se ve impedido en cuanto a sus funciones y atribuciones, y limitado por el desconocimiento de la materia, pues podemos decir que en estos momentos los michoacanos estamos abandonados a nuestra suerte en cuanto a la protección de nuestros derechos humanos.

El nombramiento del nuevo Ombudsman en Michoacán, no puede esperar más, como se dice que hasta que pase el periodo de contingencia, pues, lo que se necesitan son respuestas rápidas para no seguir sufriendo por parte de las instituciones del Estado severas violaciones sistemáticas a derechos humanos. Hay acciones que ha emprendido el Estado, que a la Luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, genera muchas dudas entre la población, mismas que requieren la opinión, explicación o participación del Ombudsman para analizar el fenómeno a la luz del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, si estas medidas violentan la esfera jurídica de los gobernados. Esto es totalmente lamentable, preocupante, alarmante e inaceptable, en un Estado de Derecho.

Michoacán sigue sumergido en una crisis en materia de derechos humanos, y esta va en aumento debido a las estrategias que se adoptan sin la participación del defensor del Pueblo para hacer escuchar la voz del pueblo. encontramos las siguientes:  Medidas que puedes en circunstancias normales serían graves violaciones de los Derechos Humanos y que por la necesidad de proteger la salud de los Ciudadanos desesperadamente, la autoridad implementa, sin medir las consecuencias jurídicas o perjuicios a los derechos humanos de los ciudadanos. He aquí la importancia de contar ya con un nuevo Ombudsman, dotado de conocimientos, experiencia, sensibilidad y compromiso, que pueda participar al diseño de la estrategia estatal del combate al COVID-19, o en su caso intervenir de oficio en estas problemáticas para dar seguridad y confianza a los michoacanos, y que inspira confianza, miedo y preocupación dentro de la sociedad. La CEDH, en su quehacer reforzaría y recompondría el camino para ir resolviendo de la mejor manera posible, la pandemia que azota a nuestro Estado.

La tercera fase del COVID-19 está empezando y los pronósticos no son nada alentadores; ya que los especialistas y la experiencia internacional nos señalan que lo peor está por venir. Uno de los peligros latientes es que nuestro sistema de salud colapse, lo cual esperamos que no, qué el escenario sea distinto. En Michoacán los casos de contagio de COVID-19, van en un constante y acelerado aumento. Esto es algo totalmente preocupante y, por consiguiente, se necesitan respuestas rápidas y eficientes, pero, sin que se afecten derechos humanos básicos, de las personas.

El pasado mes de diciembre de 2019, el Congreso del Estado quedo exhibido y debilitado por las elecciones de Ombudsman, pero, es momento de remendar esas acciones y realizar el proceso correspondiente para la designación del nuevo titular de la CEDH de Michoacán, y que, a la brevedad éste juegue un papel activo, para garantizar los derechos de las y los michoacanos en la contingencia del COVID-19. Los legisladores tienen una deuda pendiente con el pueblo michoacano. El Poder Legislativo, tiene que ser ese contrapeso con las acciones adoptadas por parte del ejecutivo, esto con el fin de evitar violaciones a derechos humanos.

Hay que dejar claro, las políticas de salud pública que hacen frente al COVID-19, son de estricta coordinación entre los tres niveles de Gobierno con la participación de todos incluyendo la sociedad Civil.  Es necesario exponer que en la lucha contra el COVID – 19 el enemigo invisible que azota el mundo entero, países, Estados y Michoacán no es la excepción trae consigo varios escudos entre estos el económico, el político y el jurídico y no lo venceremos con discursos o posicionamientos políticos, cálculos electorales o ventajas personales. Debemos juntar mejores inteligencias del Estado y orientar todos los esfuerzos hacia la búsqueda de la solución a la pandemia.

Cabe recalcar sobre el papel del Ombudsman para dar certeza y tranquilidad a la sociedad Michoacana en que su derecho estará a salvo.  Parece increíble que teniendo en la lista de los aspirantes perfiles  sobre salientes tal es el caso del catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales, de nombre Jean Cadet Odimba, una figura cien por ciento académicas, quien cuenta con los conocimientos, experiencia, independencia partidista y  quien cuenta con el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civiles y asociaciones de profesionistas en el Estado además ha demostrado su pasión por los derechos humanos de los Michoacanos, el Congreso del Estado no muestra ninguna prisa para nombrar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos  en el Estado de Michoacán.

Estaremos en espera de la decisión que tomaran los diputados, Michoacán no aguanta más. por ello, es momento de actuar y proteger desde la transversalidad institucional y que mejor mediante la CEDH.