Claroscuros de La Palma
Por Viridiana López
Es especialista en Derecho de la Información. Realiza investigación en temas de Libertad de expresión y otros derechos de la personalidad en el ámbito de las TICs.
Cuatro años atrás el tema tabú del estado era: la desincorporación de la isla de La Palma. Un predio de 444 hectáreas, ubicado tanto en la isla de La Palma como del Cayacal en el municipio de Lázaro Cárdenas, junto al estado de Guerrero donde se crearía el Recinto Fiscalizado Estratégico, anunciado como el gran proyecto de desarrollo para Michoacán, y en cuyo entorno hay claroscuros con intereses millonarios de por medio.
La batalla campal entre PRD/PAN vs PRI -fue entonces- porque el Congreso del Estado de Michoacán, autorizó al Gobierno estatal la desincorporación y posterior donación del inmueble de propiedad estatal en favor del Fideicomiso 2112.
La propuesta de desincorporar la isla llegó del ejecutivo estatal en 2008 con Leonel Godoy Rangel como gobernador. Por supuesto en el Congreso del Estado la fracción perredista acogió la iniciativa, los panistas apoyaron, y los priistas se opusieron, porque no había cuentas claras sobre una desincorporación previa de 180 hectáreas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (Decreto 83). Y es que se rumora que algunos diputados y funcionarios estatales de entonces, así como empresarios se beneficiaron comprando predios a muy bajo costo.
Ahora en 2014, cuando el PRI es gobierno en Michoacán y el país, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llega al puerto de Lázaro Cárdenas a anunciar (como lo hicieron otros) que este proyecto detonará el desarrollo, no sólo del estado sino nacional porque competiría con puertos tan grandes como el de China o Panamá… otra vez un discurso de buenas intenciones, esta vez de los priistas que ahora sí lo ven con buenos ojos.
De la isla poco se ha sabido en los últimos años, salvo de la maquinaria abandonada que se está echando a perder, algunas bodegas para guardar vehículos de carga y tierras llenas de pasto.
El gran proyecto para Michoacán que tanta controversia generó está expectante de ser una realidad, pero sobre todo de aclarar algunas dudas, la venta de los predios (quién, cuánto y cómo compró), invasión de terrenos de particulares a ejidatarios, y una transacción comercial entre el gobierno del estado y la empresa ferroviaria Kansas City Southerm de 183 hectáreas por 23 millones de dólares… ¿dónde quedó la lana?
Recordemos que el Decreto 211 aprobado el 2 de junio de 2010, señala en su artículo primero que el Fideicomiso 2112, debe promover “el desarrollo de instalaciones y la realización de actividades industriales, incluyendo la dotación de infraestructura y servicios, que fomenten la actividad económica del Estado de Michoacán, en donde se considere el desarrollo de un Parque Industrial, el desarrollo y operación de un Recinto Fiscalizado Estratégico […]”
Asimismo, el artículo tercero puntualiza que si “el inmueble materia de la presente donación, se destinare a objeto distinto del señalado en el Artículo Primero del presente Decreto o no se dispusiese del mismo, en el término de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del mismo (30 días naturales posteriores a la publicación del decreto, 7 de junio de 2010), la desincorporación y posterior donación quedará sin efecto y el inmueble de referencia, volverá a formar parte del patrimonio del Estado, con todos sus frutos, reservas, mejoras y accesiones sin responsabilidad para el Estado”.
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