Ciudadanos Emergentes… Los riesgos de la democracia.

El juego político democrático siempre ha tenido un punto de concesión a la demagogia, aprovechando que la realidad nunca ha sido, y menos en los tiempos que corren, una cuestión de interpretación unívoca. Tenemos múltiples ejemplos en los que los discursos y las actitudes sobre un mismo hecho difieren radicalmente en la explicación o descripción de la misma realidad.

By: Lic. Arturo Ismael Ibarra

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El juego político democrático siempre ha tenido un punto de concesión a la demagogia, aprovechando que la realidad nunca ha sido, y menos en los tiempos que corren, una cuestión de interpretación unívoca. Tenemos múltiples ejemplos en los que los discursos y las actitudes sobre un mismo hecho difieren radicalmente en la explicación o descripción de la misma realidad. Tampoco la coherencia ha sido el único eje sobre el cual han pivotado los discursos y las acciones de nuestros dirigentes. Es evidente que en la acción política hay un exceso de tacticismo electoralista que te lleva a defender simultáneamente unas tesis y las contrarias de las mismas. Estas maneras de proceder son propias de cualquier democracia, sin que eso sea un argumento contra la democracia. En los sistemas totalitarios y autoritarios ocurre eso y mucho más, pero en ellos ningún amago de crítica se puede explicitar públicamente sin riesgo hacia tu propia integridad. Ésa es la diferencia entre la democracia y el totalitarismo.

Con esas premisas, y volviendo a los regímenes democráticos uno se podría preguntar si el recurso a la demagogia o la falta a la coherencia confieren gravedad a la situación política y deterioro de la vida democrática. La respuesta es que sí en la medida que hay un uso abusivo de las mismas. Es decir, sin excesos en su utilización, la demagogia puede ser un instrumento útil de atracción del público (ciudadanía pasiva) al espectáculo de la política (desarrollo institucional). Sin abusar de la misma qué duda cabe de que la demagogia puede servir para tensionar y movilizar a los simpatizantes y electores potenciales de una formación, siendo ésta una cuestión imprescindible para cualquier partido político que aspire a gobernar. El problema lo tenemos cuando la acción política gira principalmente sobre la demagogia.

Sabemos que la democracia directa fue un invento de los griegos atenienses allá por el siglo V a. C. en que los ciudadanos, reunidos en asamblea, tomaban las decisiones sobre la guerra y la paz, sobre cómo debía administrarse el dinero de la ciudad, qué medidas legislativas debían tomarse o qué pena debían cumplir los que habían infringido las leyes de la ciudad.

También sabemos que el número de ciudadanos, es decir, los que podían participar en la asamblea (ἐκκλησία ekklēsía), eran relativamente pocos, pues las mujeres, los metecos o residentes de origen extranjero y los esclavos no podían participar en las tareas políticas. Tomaban las decisiones a mano alzada.

Este tipo de democracia de participación directa en todos los asuntos de interés general hoy parece inviable a nivel general: la complejidad de las sociedades y de los asuntos que afectan a los ciudadanos, la dificultad de reunirse y tomar decisiones en grandes asambleas, los intereses en conflicto entre grupos sociales, etc., hacen complicado plantear este tipo de procedimiento de toma de decisiones.

La democracia que se ha ido fraguando a partir del siglo XVIII, y que funciona en países como el nuestro, es la democracia representativa. Aunque se continúa afirmando que la soberanía  -poder político del país- reside en el pueblo o conjunto de los ciudadanos, ya no es éste quien ejerce el poder sino que lo delega en sus representantes.

Una democracia representativa se caracteriza por:

  1. Los ciudadanos son convocados periódicamente a las urnas para elegir a sus representantes: el sufragio o elección mediante el voto debe ser universal, libre, imparcial y secreto.
  2. Los tres poderes del Estado están separados y son independientes.
  3. La acción gubernamental es controlada por cargos públicos elegidos por la ciudadanía.
  4. Las libertades y derechos civiles y políticos están explícitamente reconocidos en la legislación vigente.
  5. La Constitución constituye el núcleo de la legislación vigente del país.
  6. Entre los derechos y libertades reconocidos, tiene un relieve especial la libertad de expresión, que permite criticar a los cargos públicos, sus decisiones y actuaciones, plantear alternativas a las políticas del Gobierno y poner al descubierto la corrupción o los abusos de poder.
  7. La representatividad de la democracia se canaliza a través de los partidos políticos y, para ello, existe libertad para constituirlos. También pueden constituirse otras formas de asociación con independencia del poder y del Gobierno.
  8. Las fuentes de información por las que los ciudadanos se forman sus opiniones acerca de lo que sucede en el país y en el mundo son plurales. Hay, además, fuentes de información alternativas y accesibles no controladas por el Gobierno.

En los últimos años se ha hecho cada vez más patente que la elección periódica de unos representantes es insuficiente para que los ciudadanos se sientan implicados en la actividad política y de gobierno, y vean la democracia como un orden social propio.

Aparecen, pues, críticas hacia los políticos y el modo de proceder de los mismos. Parece que estos sólo se preocupan por obtener la mayoría suficiente para gobernar.

Los partidos políticos son, sin duda, un instrumento poderoso para canalizar las inquietudes y los problemas de la ciudadanía, y el pluralismo político es una garantía contra la tentación totalitaria. Pero los ciudadanos observan que hay grupos sociales poderosos que influyen en la toma de decisiones de los gobiernos, decisiones que afectan a toda la sociedad.

A veces, grandes corporativismos orientan a los ciudadanos para que favorezcan los negocios e intereses del gobierno, y no el interés general y el bien común. Con estrategias mediáticas en las que aparece el representante del gobierno expresando libremente sus ideas en foro específico y con eso engañarlos para hacerlos creer que está con ellos en todo momento.

Arturo Ismael Ibarra Dávalos. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Catedrático de la misma. Preside la asociación civil Bien Común Michoacán y la sociedad civil Por la Mejora en el Ámbito del Trabajo. Es Secretario General del Foro Política y Sociedad.

 

Correo electrónico de contacto arturoismaelibarradavalos@hotmail.com

 

 

 

 

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