Ciudadanos Emergentes… La Corrupción en México

Cuantificar el impacto de la corrupción es un proceso complejo, no obstante, son varios los esfuerzos que se han hecho en nuestro país para dimensionar este problema.

By: Arturo Ismael Ibarra

La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando sus bases a lo largo de varios siglos de historia, fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor.

En el año 2014 durante la realización del Índice de Percepción de la Corrupción –una medida entre 0 (Muy Corrupto) y 100 (Muy Transparente) de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados– México obtuvo una calificación de 35, y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos en el mundo, así como el país más corrupto de los 34 estados que conforman la OCDE.

Los esfuerzos recientes para atender este fenómeno derivaron en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)5​ que busca articular el trabajo de diversas instituciones para prevenir, investigar y castigar eficazmente la corrupción. Sin embargo, sus primeros años de implementación no han tenido los resultados esperados ya que han puesto en tensión las inercias propias de las instituciones con funciones anticorrupción (en particular la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación), han enfrentado obstáculos administrativos-presupuestales y han evidenciado límites del nuevo diseño institucional.

Desde un punto de vista neutral, es el resultado de la falta de condiciones que hagan más costoso seguir el camino de la corrupción en comparación con el de la legalidad, “aquello que abarata relativamente el coste del acto delictivo estará promoviendo su comisión”.

La corrupción no es algo genético, ha crecido y se ha fortalecido en México alrededor de la complicidad y las amplias redes que se tejen a partir de esta, propiciada por el miedo social a la violencia de estado​ y la falta de controles sistemáticos que funcionen eficazmente para su definición, su prevención, su detección y una acción efectiva para corregir los incidentes cuando se verifican. La corrupción ha llegado hasta el punto de volverse, definitivamente, parte del sistema y desarrollar resistencia a cambios que pudieran limitarla efectivamente, degenerando en una guerra sucia contra el pueblo para asegurar salir impune, siendo esta impunidad el distintivo y agravante en México.

Frases como “el que no tranza no avanza”, “Dios, no te pido que me des sino que me pongas donde hay, yo solito agarro” y otras similares son iconos que reflejan cuan arraigada y aceptada es la cultura de la corrupción en México, hasta convertirse en una acto inconsciente y cotidiano. En la cotidianidad tenemos como ejemplos las “mordidas” (sobornos) que se suelen ofrecer y pagar a servidores públicos con tal de evitar una multa o acelerar un trámite o lograr algo sin cumplir con los requisitos. En el ámbito laboral es bien sabido que se consiguen más empleos por relaciones o “recomendaciones” que por calificaciones para ejercer el puesto buscado.

En México, su impacto puede percibirse en diversos ámbitos de la vida nacional, pero ¿cómo podemos medirlo?

Según el estudio “México: Anatomía de la Corrupción (2ª edición)”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), si definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, medirla lo es aún más.

Por ello, precisa el documento, ante la dificultad -o incluso imposibilidad- de conocer exactamente el número de actos de corrupción cometidos, se han desarrollado metodologías alternativas para su medición.

En ese sentido, el análisis explica que las mediciones más utilizadas son los índices de percepción que, en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país y/o en algunas de sus instituciones.

Con estas mediciones –asegura– se busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor también será mayor el nivel de la corrupción que sus ciudadanos y expertos perciban.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elabora diversos análisis y encuestas que permiten construir un panorama sobre la percepción de la corrupción en México.

De acuerdo con su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2015, la mitad de la población mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.

El mismo documento revela que 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales.

Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el Inegi revela en su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, la primera en su tipo, que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas.

El mismo análisis develó que 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones.

Arturo Ismael Ibarra Dávalos. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Catedrático de la misma. Preside la asociación civil Bien Común Michoacán, Abogado de Laborissmo, “Por la Mejora en el Ámbito del Trabajo”. Secretario General del Foro Política y Sociedad.  Maestrante de la Maestría en Ciencias, con Especialidad en Políticas Públicas del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial (INIDEM)

Correo electrónico de contacto arturoismaelibarradavalos@hotmail.com

Cuantificar el impacto de la corrupción es un proceso complejo, no obstante, son varios los esfuerzos que se han hecho en nuestro país para dimensionar este problema.

Los costos monetarios son solo una de las consecuencias que traen consigo los actos de corrupción en México y que diversos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales han tratado de medir.

El Banco Mundial estima que este fenómeno representa 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que el Inegi, a través de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, ha tratado de hacer una cuantificación del costo de este problema.

El Instituto divide al costo monetario de la corrupción en dos: directo e indirecto. El primero -explica- se refiere al el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones.

El indirecto puede ser monetario o no monetario, y se manifiesta de diferentes formas, por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor desigualdad en la distribución de los recursos o una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otras.

El Inegi descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, pero que el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población.

Así, definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6,419 para la población y de 1,612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un acto de corrupción fue de 2,799 pesos por adulto víctima y de 12,243 por empresa víctima.

Como señala la institución, es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, no obstante, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad.

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