Ciudadanos Emergentes… El Estado de Derecho

By: Lic. Ismael Ibarra

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Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal.

Conceptualmente el Estado de derecho contempla los siguientes puntos: 1) la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes (división de poderes); 2) libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico; 3) división de poderes políticos en la estructura del Estado; y 4) la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica.

Históricamente, el Estado de derecho apareció cuando en los estados modernos se luchó para que la personalización del poder del monarca diera paso a una organización política y administrativa regida por formas jurídicas establecidas con normas que la sociedad avale. La idea de limitar al Estado fue propuesta por Georg Jellinek.

En México el Estado de derecho está contemplado en la Constitución donde se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Además contempla que para su modificación se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y que ésta sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

 

Se ha vuelto común en diversos medios académicos y políticos señalar que uno de los problemas fundamentales del país es la falta de un verdadero, eficaz y eficiente Estado de derecho. Más aún, que un problema fundamental para el desarrollo económico, social y político con sustentabilidad ambiental es la falta de Estado de derecho. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando señalamos ese problema? Es claro que el significado del término Estado de derecho ha sido diferente en las tradiciones británica, francesa, alemana o estadounidense. Es también cierto que el término tiene una connotación específica partir del llamado “Consenso de Washington”.

En el caso de México, en una primera aproximación nos referimos a la construcción de un país de leyes e instituciones democráticas eficaces. Pero esto sigue siendo muy general y ambiguo.

Por eso, me limito en este espacio a señalar qué no es un Estado de derecho. En primer término, la falta de seguridad pública en todos los órdenes. En materia de justicia cotidiana, la percepción de impunidad es de 98 por ciento de las faltas y delitos cometidos. Esto es, las personas se sienten en un estado de total indefensión.

Es también claro el tema de la extrema violencia que genera el narcotráfico y el crimen organizado en varias regiones del país, así como su combate por autoridades policiales y las fuerzas armadas. Este fenómeno ha generado en los últimos diez años decenas de miles de muertos y desaparecidos, sin que se tenga necesariamente una evidencia tangible del progreso en la materia aún. Es claro que se trata de un problema muy complejo, ya que buena parte de los detractores de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad reconocen que, en este momento, no se puede prescindir de su participación en esa labor.

Pero existen otras numerosas áreas en las que existe una generalizada percepción de falta de cumplimiento de la ley, la cual comprende desde las violaciones a los derechos humanos en distintos ámbitos, no únicamente en el campo de la seguridad pública, el incumplimiento de los contratos o la dificultad para preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente.

En este contexto, destaca en forma particular el combate a la corrupción y a la impunidad, problema ancestral y profundo en México. En este campo y gracias al impulso de la sociedad civil, así como de un grupo de académicos, se han estado efectuando cambios institucionales trascendentes.

Destaca la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que establece cuatro nuevas leyes y reforma otros tres ordenamientos jurídicos. Se trata de un sistema que pretende atacar este grave problema en forma holística, como un proceso y no limitarse a la sanción de casos aislados. Así, se fortalece la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y se crea la Fiscalía especializada contra la corrupción. El SNA es el mejor diseño institucional que se ha intentado con el propósito de combatir la corrupción y la impunidad en México y está interrelacionado con los sistemas nacionales de transparencia, de archivos y de fiscalización. Este sistema descansa en cuatro principios: el control interno de la gestión y de los recursos públicos; la fiscalización superior; la investigación de los delitos y el establecimiento de responsabilidades, así como la impartición de justicia por órganos imparciales. Esto es, el SNA integra como ejes principales: la prevención, la investigación y la sanción. La sociedad mexicana ha dado muestras claras de su voluntad de cambio a través de reformas legales y de la creación de instituciones. Así, se han constituido varios órganos autónomos, se promovieron las reformas estructurales y varios cambios constitucionales como los efectuados en materia de derechos humanos y de amparo, entre otros.

En este proceso de reformas algunas han salido bien y otras no, tanto por problemas de diseño como de instrumentación. Pero es claro que el camino del progreso y del desarrollo pasa por el cambio profundo a través de las leyes y de las instituciones, así como de su adecuada instrumentación.

México enfrenta muchos graves problemas, pero también hay cosas que se han hecho bien. Hay numerosas historias de éxito en todos los campos de la actividad en el país. En ese sentido, me parece fundamental insistir en que en el diseño del futuro de país que queremos, si bien importan y mucho los perfiles personales y la buena fama de los gobernantes, legisladores y jueces, es de capital importancia fortalecer un Estado democrático de derecho. Esto es, un país de leyes e instituciones con una administración pública eficaz y eficiente, en el que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de todos. Una sociedad de derechos y obligaciones. Un país en el que todos tengamos todos los derechos, pero a los mismos tiempos todos asumamos y cumplamos nuestros deberes y obligaciones.

Arturo Ismael Ibarra Dávalos. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Catedrático de la misma en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Preside la asociación civil “Bien Común Michoacán” y la sociedad civil “Por la Mejora en el Ámbito del Trabajo” (Laborissmo). Es Secretario General del Foro Política y Sociedad.

 

Correo electrónico de contacto arturoismaelibarradavalos@hotmail.com

 

 

 

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