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Luego de que el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México impidiera, sin justificación, realizar una cesárea a una mujer con embarazo de alto riesgo, la familia interpuso una queja el pasado 11 de abril ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que ya está siendo investigada.
De acuerdo con el relato de la familia, el personal médico de la institución de la delegación Miguel Hidalgo, le informó a Guadalupe y su familia que sería atendida en otro hospital, sin mencionar específicamente cual ni con justificación médica coherente, solo que “ya no había o existía un lugar para ella dentro”.
La familia acusó al hospital de dicha situación pues se encontraba diagnosticada con un embarazo de alto riesgo y prematuro, así como con el padecimiento de colestasis intrahepática, por lo que interpuso la queja en la Comisión.
También dijeron que Guadalupe era una paciente habitual del Instituto a consecuencia de un padecimiento de epilepsia y hepatitis C. Fue por ello que el médico que la atendía la programó para cesárea el 11 de abril, “por su condición grave, debido a que no podían esperar a las contracciones por el diagnóstico de epilepsia”.
Tampoco le ofrecieron una ambulancia para su traslado, a pesar del estado crítico diagnosticado, y de manera extraoficial, recomendaron a Guadalupe acudir al Hospital de la Mujer, por lo que su familia la trasladó con sus propios medios y recursos.
En ese hospital de igual forma hubo oposición pues le dijeron que no sabían si tenían capacidad para atenderla debido al paro de médicos residentes (aunque el movimiento de médicos señalaba que no descuidarían las zonas de urgencia y obstétricas), pero finalmente el practicaron la cesárea.
“Aunque todo salió bien, no estoy de acuerdo con el actuar de los servidores públicos de la Secretaría de Salud, lo consideró violatorio a los derechos humanos ya que dicha situación puso en peligro la salud de mi nuera y la vida de su bebé”.
Los familiares de la víctima solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que también investiguen los hechos y señalar responsabilidades a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Salud.
