Bajo La Lupa: El caso Río Roma y el sospechosísmo político.

Escribe: Armando Saavedra Magaña

Noroña Vs. Quiroz Y El 25N
Crítica Sin Sesgo: Hechos, No Género
El Caso Manzo Y La Nueva Familia Michoacana

La confrontación entre LOS VALENCIA y LOS BARRAGÁN no es solo un pleito de acusaciones cruzadas: tiene un antecedente concreto que merece atención.

El origen del conflicto: El grupo musical Río Roma recurrió a Revolución Social, organización dirigida por RENÉ VALENCIA REYES, para localizar los instrumentos robados tras un asalto y ahí, se da el hallazgo incómodo: Los objetos fueron encontrados en la casa de ALFONSO BARRAGÁN VÉLEZ, hermano del diputado morenista JUAN CARLOS BARRAGÁN. ALFONSO fue detenido, pero liberado misteriosamente pese a que el cuerpo del delito estaba en su domicilio, como lo muestra el video difundido por Revolución Social. Ante la inferencia política, RENÉ VALENCIA sostiene que el diputado habría movido sus influencias para deslindar a su hermano. Aunque no existe evidencia judicial que confirme un procedimiento ministerial o penal contra ALFONSO, la desaparición de pruebas genera un sospechosísimo fuerte.

El contraataque de JUAN CARLOS BARRAGÁN no se hizo esperar, pues responde con una denuncia por difamación, argumentando que nadie puede ser responsable de los delitos de un pariente, salvo que haya participado directamente en ellos. En ese punto, tiene razón jurídica. Sin embargo, la ausencia de registros oficiales sobre el caso, abre un vacío que alimenta la duda pública. En este sentido, el papel de la Fiscalía es fundamental, pues si el video de RENÉ VALENCIA es original y verificable, la Fiscalía General del Estado tendrá que explicar por qué ALFONSO BARRAGÁN fue exculpado pese a que los instrumentos robados fueron localizados en su casa.

El caso exhibe la tensión entre verdad judicial y verdad política: lo que se denuncia públicamente no encuentra respaldo en expedientes ministeriales, la narrativa de impunidad se sostiene en la desaparición de evidencia, lo que coloca a la Fiscalía en el centro del cuestionamiento y el pleito deja ver cómo la política se juega en dos tableros: el mediático, con videos y acusaciones, y el institucional, con denuncias de difamación y carpetas de investigación.

En esta columna, ni acusamos ni defendemos a nadie, lo que se observa es un caso que, más allá de la disputa electoral rumbo a 2027, pone en entredicho la capacidad de las instituciones para procesar hechos concretos. Si el video es auténtico, la Fiscalía tendrá que rendir cuentas. Si no lo es, la política habrá convertido un episodio de inseguridad en arma de desgaste. En cualquier escenario, el ciudadano queda atrapado entre la duda y la desconfianza.

NOROÑA VS. QUIROZ Y EL 25N.

El 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, el senador GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, mejor conocido en el bajo mundo del hampa como “CHANGO LEÓN” eligió la tribuna para lanzar una ofensiva política contra GRECIA QUIROZ, alcaldesa de Uruapan. La acusó de adoptar posiciones “de derecha” y “fascistas”, de dejarse llevar por la ambición de ser candidata a la gubernatura de Michoacán con el patrocinio de la ultraderecha, y remató con la frase: “una cosa es ser candidata y otra ganar”.

La narrativa de Noroña se construyó sobre una interpretación errónea de las declaraciones de QUIROZ tras el asesinato de su esposo, el exalcalde CARLOS MANZO RODRÍGUEZ. La alcaldesa pidió que la Fiscalía considerara como líneas de investigación a políticos con los que MANZO había tenido enfrentamientos: RAÚL MORÓN, LEONEL GODOY y NACHO CAMPOS. Nunca los responsabilizó directamente del homicidio. Sin embargo, NOROÑA por ignorancia o perversión, convirtió esa petición en una acusación penal inexistente y la usó como base para denostar a Quiroz.

El senador ahora Morenista, pero de linaje del Partido del Trabajo, utilizó un lenguaje de descalificación tales como: “fascista”, “ultraderecha”, “ambiciosa” y basado en una falacia, en una mentira, atribuyó a QUIROZ acusaciones que ella nunca hizo, pero lo grave de las expresiones de NOROÑA no fueron en sí mismas por su significado que ya eran graves, sino el haberlas pronunciado en un día cargado de simbolismos, lo hizo en el 25N, día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, lo que amplificó la incongruencia de su discurso.

Otra circunstancia que llamó la atención y dio motivos de agrias críticas, fue el ominoso silencio de Morena, particularmente de sus más reconocidas representantes en el tema del feminismo, los derechos paritarios de las mujeres y sobre todo, de la defensa de las mujeres contra la violencia de género en todas sus expresiones y modalidades. Con excepción de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, que cerró filas con GRECIA QUIRÓZ, la élite morenista —incluidas voces feministas— no salió a defender a QUIROZ de las falsas acusaciones. El vacío es revelador: muestra cómo la disciplina partidaria puede pesar más que la solidaridad frente a un ataque político basado en distorsiones.

En esta tesitura, fue evidente el error de origen: NOROÑA no verificó las declaraciones de QUIROZ antes de construir su narrativa, pero sobre todo, se evidenció que FERNÁNDEZ NOROÑA ejerció una hiriente violencia simbólica al denostar a una alcaldesa viuda, en un día emblemático contra la violencia de género, lo que se traduce en un acto que trasciende la política y se inscribe en la violencia discursiva. Por otro lado, este disenso genera implicaciones institucionales, pues la Fiscalía queda en el centro ya que debe evidenciar si las líneas de investigación planteadas por QUIROZ se han seguido o si se han archivado, como ocurrió con las 90 denuncias de MANZO contra NACHO CAMPOS en la fiscalía anticorrupción.

Desde esta columna, lo que se observa es un episodio que desnuda la fragilidad del discurso político en Michoacán: un senador que construye ofensas sobre una mentira, una alcaldesa que exige investigación y recibe denuestos, y un partido que calla ante el ataque. La diferencia entre pedir líneas de investigación y responsabilizar penalmente es abismal, pero en la arena política se borró para convertirla en arma de desgaste. En tiempos donde la violencia contra las mujeres es una herida abierta, el silencio institucional frente a la denostación de GRECIA QUIROZ es tan grave como el ataque mismo.

CRÍTICA SIN SESGO: HECHOS, NO GÉNERO.

A propósito del 24N, en el debate público, la crítica a quienes ejercen militancia política y social no puede confundirse con ataques personales ni con violencia política de género. La diferencia es clara: señalar conductas verificables, documentadas y tipificadas en la ley no es misoginia, es rendición de cuentas.

Cuando una activista —con partido, cargo o influencia— incurre en dislates, hierros o incluso delitos, la obligación ciudadana y periodística es nombrar esos hechos con precisión. No se trata de cuestionar su condición de mujer, sino de evidenciar su responsabilidad pública.

La crítica legítima se construye sobre tres pilares: Evidencia documental: auditorías, resoluciones judiciales, actas legislativas, además el utilizar un lenguaje técnico: hablar de peculado, conflicto de interés, abuso de autoridad, no de “incapacidad” o “histeria” y el interés público: mostrar cómo las acciones afectan a la ciudadanía, no a la reputación personal.

El reto es desmontar narrativas sin caer en estereotipos. No se critica a “la mujer”, se critica a la funcionaria, a la militante, a la responsable de actos concretos. Así se evita la violencia simbólica y se fortalece la democracia. La contundencia no está en el insulto, sino en la claridad de los hechos. Y los hechos, cuando se documentan y se nombran con rigor, hablan por sí solos.

EL CASO MANZO Y LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA

En su más reciente entrega, HERNÁNDEZ afirma que CARLOS TORRES PIÑA habría pactado con “El Fresa” de la Nueva Familia Michoacana para eliminar a CARLOS MANZO. La narrativa se sostiene en esas “fuentes” sin mostrar pruebas fehacientes. Sin embargo, hay dos elementos que deben subrayarse:

Revisemos primero la geografía criminal: La Nueva Familia Michoacana no es un cártel con presencia preponderante en Uruapan. Su radio de acción está en el sur de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. En Uruapan, su huella es prácticamente indetectable. Por otra parte, también revisemos las acciones de Manzo: Su combate contra los cárteles fue más mediático que real. No contaba con personal especializado, armamento adecuado ni vehículos para enfrentar a la delincuencia organizada. Su narrativa de lucha fue más política que operativa.

El dilema profesional para el periodismo de investigación, es recurrente usar el recurso narrativo como el usar las “fuentes confiables” sin pruebas, convierte la investigación en un relato que se acerca más a la novela policiaca que al periodismo de investigación, pero lo más grave es la responsabilidad ética, pues en temas de crimen organizado, donde las acusaciones pueden destruir reputaciones y poner vidas en riesgo, la ausencia de documentos, expedientes o pruebas verificables es un vacío grave y en consecuencia de todo ello, el lector recibe una historia impactante, pero sin la certeza de que lo narrado pueda sostenerse en tribunales o investigaciones oficiales.

El periodismo de investigación exige rigor: documentos, testimonios verificables, evidencias. Cuando se sustituye por “fuentes invisibles”, el relato puede ser atractivo, pero pierde solidez. En el caso MANZO, la narrativa de ANABEL HERNÁNDEZ se construye sobre un cártel que no domina Uruapan y sobre un líder comunitario cuya capacidad de combate era más simbólica que real.

Este columnista, lo que observa es un patrón: la tentación de convertir la denuncia en literatura, apelando a fuentes que nunca se muestran. El periodismo no puede descansar en la fe del lector, sino en la prueba. Porque en temas de crimen organizado, la diferencia entre novela y evidencia es la que separa la verdad de la ficción.