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Como un “caos” fue el manejo financiero de la administración del exgobernador de Michoacán Leonel Godoy, según el informe publicado por el Bufete de Consultoría Aplicada S.C.
El análisis arrojó que el gobierno del perredista manejó más de 30 mil millones de pesos sin respaldo documental o con cifras falsas o erradas.
Así, se detectó que gran parte de las inconsistencias administrativas se deben a un mal manejo de los asesores jurídicos del entonces gobernador, quienes al parecer no contaban con el conocimiento necesario para mantener al día el reporte de los dineros que entraba y salían de la caja del gobierno.
Fueron cerca de 50 irregularidades las detectadas, mismas que fueron divididas en rubros de Crédito, Administración de Fondos, Patrimonio Estatal y Contabilidad, hizo llegar el grupo de consultores expertos a los miembros del Consejo Ciudadano creado por Fausto Vallejo.
Entre las anomalías halladas se enlistan: la incorrecta clasificación de la Deuda en los Estados Financieros, la no evidencia de que el Comité de Deuda Pública haya sesionado y la falta de estudios analíticos de la deuda, de un análisis de viabilidad de los proyectos der inversión pública, de un acuerdo entre las distintas dependencias al momento de gestionar recursos, de la autorización de la tesorería para comprometer recursos, entre varios más.
No obstante existen otros argumentos para pensar directamente en la falta de transparencia, en especial los relacionados con la compra o venta del patrimonio público que no arrojó beneficio alguno para el estado.
Destacan un convenio por servicios profesionales por 39 millones de pesos con una empresa no calificada, la falta de justificación para adjudicaciones directas, la retención irregular de salarios de trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta por un total de 998 millones de pesos, pagos duplicados por 2 millones de pesos y transferencias irregulares de recursos federales por casi 5 mil 500 millones de pesos.
Además hay lagunas en cuando a saldos y depósitos existentes, una diferencia de 6 mil 255 millones de pesos en el inventario de bienes inmuebles, la inclusión de bienes de los poderes Legislativo y Judicial como patrimonio del Ejecutivo, la desaparición de 148 vehículos –entre ellos 49 correspondientes a maquinaria pesada– y la adquisición de inmuebles por 11 millones de pesos que no están en el inventario.
El estudio revela también la compra de un terreno en Uruapan que no figura en el patrimonio estatal, la enajenación de patrimonio estatal por 4 millones 189 mil pesos sin registro de que el dinero haya ingresado a las arcas estatales, un total de 422 millones de pesos en vehículos que hoy no existen y hasta un avión que no aparece incorporado al patrimonio estatal.
