Terrorismo de estado y los culpables en Ayotzinapa
Por Luis Fabián Fuentes Cortés
Una de las definiciones básicas de terrorismo de Estado es el uso sistemático de amenazas y represalias consideradas ilegales dentro de su propia legislación.
Se siguen dos objetivos para llevarlo a cabo: por un lado, crear una atmosfera de miedo y por otro, eliminar enemigos políticos.
Una atmósfera de miedo permite le permite abrir la calle para introducir cambios radicales que de otro modo serían impopulares, por ejemplo privatizaciones, reducción de derechos laborales y la introducción de acuerdos comerciales librecambistas.
El 26 de Septiembre en Iguala Guerrero, se produjo un ataque contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el que actuaron conjuntamente policías y paramilitares, identificados como sicarios y en la que se encuentran involucrados los gobiernos del municipio de Iguala, el del Estado de Guerrero y el gobierno federal.
Este genocidio es responsabilidad del Estado mexicano. Para probarlo, hay que seguir las huellas del desastre.
Esa noche, policías municipales balearon y persiguieron a los normalistas de Ayotzinapa en tres ataques diferentes, el saldo inicial fue de tres normalistas y tres civiles asesinados además de veinticinco heridos. El ejército no intervine en ningún momento, aun estando en la cercanía. Después, la policía captura a varios normalistas, de los cuales cuarenta y tres continúan desaparecidos.
Es posible, de acuerdo a los comentarios de Solalinde, que sus cuerpos sean los que se han encontrado en fosas, con signos de ejecución extrajudicial y de tortura. En las primeras horas, se detiene a un policía que declara haber asesinado y enterrado en fosas a diecisiete normalistas por órdenes de un narcotraficante del cartel de Guerreros Unidos.
En dichas fosas se encontraron veintiocho cadáveres, que la PRG ahora señala como ajenos a los normalistas. Ante estos hechos, la versión de que detrás de la masacre y desaparición está el crimen organizado no se sostiene. El ataque y desaparición fue perpetrada por la policía, según se declaró después, bajo órdenes del alcalde de Iguala. Se trata de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, los cuales se tipifican como crímenes de estado.
En Guerrero gobierna Ángel Aguirre, hasta el año 2010 un político del PRI, quien sustituyó provisionalmente a Rubén Figueroa después que éste ordenara la represión en Aguas Blancas, donde fueron asesinados campesinos acusados de pertenecer a la insurgencia armada. Como gobernador provisional, Aguirre fue responsable de la masacre de El Charco.
Es decir, está implicado en dos de las más importantes masacres de las últimas décadas. Aun así, el PRD en coalición con el PT y Convergencia, lo postularon como candidato a Gobernador en 2010. En su campaña participó López Obrador y en su gabinete participan miembros del PRD y de MORENA.
Para eludir su responsabilidad en los hechos de Iguala, Aguirre ha arrojado la responsabilidad sobre José Luis Abarca, el cual llegó a la alcaldía de Iguala con el impulso de Lázaro Mazón, Secretario de Salud del gobierno de Guerrero, fue dos veces alcalde de Iguala y es precandidato de MORENA, con dedazo – destape de AMLO incluido, al gobierno de esa entidad. Su hermano, Luis Mazón, sustituirá a Abarca en la presidencia municipal de Iguala. Es decir, el PRD y MORENA han dado cobertura a los responsables de este genocidio, y esa verdad es inobjetable, a pesar de sus silencios y sus excusas.
El Estado mexicano integró al sistema de partidos con registro electoral, ninguno le es antagónico, más bien le son funcionales en diversas formas: algunos aplaudiendo, otros asimilando, otros más desmovilizando o sacando banderas oportunistas, controlando y administrando el descontento de sus miembros.
El sistema de corporaciones electorales, mal llamados partidos, es una eficiente correa que mantiene a los explotados con la ilusión de la democracia burguesa. La fachada democrática se desmorona con un escenario de terrorismo de Estado que lo mismo ejecuta la violencia por medios legales que ilegales.
La llamada izquierda democrática, izquierda responsable, izquierda moderna o progresismo, se convierte en un instrumento estatal que elude el tema, a pesar de sus responsabilidades, reforzando al Estado con recursos legales para impugnar algunas reformas, mientras mantiene como un segundo plano o de plano guarda silencio en el tema de Ayotzinapa, igual que como lo hizo en Atenco, y las sanciones a sus militantes involucrados en los santos, incuestionables y pragmáticos dedazos, abrazos, fotos y discursos que colocaron en el poder a los responsables. Se asumen actitudes dignas de antiguos fariseos que cuelan al mosquito, exigiendo justicia para los desaparecidos, pero se tragan al camello, manteniendo las estructuras y pensando en la justicia del abucheo como única y mediocre exigencia, recordando a un AMLO que daba el espaldarazo al represor Mancera, cómplice del 1Dmx.
Se exige al estado que se entregue y se condene a los culpables, pero el Estado no puede condenarse a sí mismo, es como pedirle a un asesino que está suelto que se cuelgue por sí solo. La represión y eliminación de los grupos o individuos que representan un peligro para la integridad del sistema siempre ha estado presente en México, independientemente del partido en el poder. En un país donde las reformas neoliberales han sido aprobadas, el siguiente paso es eliminar, o por lo menos asustar, a los grupos no asimilados que pueden levantarse para luchar contra ellas. Los normalistas son integrantes de uno de esos grupos y por lo tanto, se convierten en un objetivo. Para ello, se utilizan campañas que van desde el linchamiento mediático, el desprestigio o la eliminación directa, como sucede en este caso.
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