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La diputada Talía Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de Michoacán, consideró que el Congreso de Michoacán ha sido omiso ante el caso de las 16 muertes ocurridas en Apatzingán el pasado 6 de enero, donde según advierten fuentes periodísticas y testigos, se perpetraron “ejecuciones extrajudiciales”, lo que a decir de la legisladora, es responsabilidad del ex comisionado Alfredo Castillo.
“El virrey mató a esa gente en Apatzingán; él es el responsable porque él era el jefe de la línea de mando, él mandaba en Michoacán, y por decreto presidencial, era la cabeza de la línea de mandos en todas las fuerzas federales, el Ejército y La Marina; él dio la orden”, comentó en entrevista, previo a subir a tribuna en sesión legislativa para expresar un posicionamiento sobre el caso.
Tras calificar el caso Apatzingán como “un crimen de lesa humanidad”, Vázquez Alatorre reprobó la omisión del Congreso de Michoacán, al señalar que pese a que se tuvo noticia del hecho desde el 6 de enero, los diputados habían hecho ningún pronunciamiento al respecto.
“Pero el Congreso no es el único omiso aquí; demoró la investigación periodística y no se diga la indagatoria judicial adecuada; y fue hasta el 19 de abril que un medio de comunicación atizó el caso, mismo que fue abordado en la Cámara de Diputados y en el Senado, y el Congreso de Michoacán, bien gracias, porque no se consideró que fuera necesario”, reprochó.
Al fijar una postura sobre el caso Apatzingán, Vázquez Alatorre planteó la posibilidad de crear una “comisión investigadora” que además de legisladores, esté integrada por personas de la sociedad civil que aporten elementos probatorios sobre la responsabilidad de Alfredo Castillo Cervantes en las “ejecuciones extrajudiciales” de ese 6 de enero.
Sin embargo, formalmente será hasta el 14 de mayo cuando, se hallar consenso entre los diputados de la Comisión de Justicia y aquellos que accedan a sumarse, la legisladora propondría un punto de acuerdo para la creación de esta comisión especial, que haría las veces de “procuraduría de justicia social”, y exigiría a la autoridad competente tomar en cuenta los resultados de sus investigaciones.
