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Es competencia del gobierno federal atender los conflictos agrarios derivados de imprecisiones en la restitución de tierras ejidatarias, problemática que en Michoacán ha sido solo paliada por los gobiernos en turno, lo que ha abierto la puerta a la extracción ilegal de madera en municipios de la Meseta Purépecha, como Nahuatzen, Comachuén y Sevina, por mencionar algunos.
Al menos así lo plantea el diputado Eleazar Aparicio Tercero, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de Michoacán, quien señaló que el Ejecutivo Estatal y el Ejército Mexicano fueron notificados desde hace meses, de los conflictos agrarios por límites territoriales entre indígenas de Nahuatzen, Comachuén y Sevina, pero se han mantenido “omisos” en espera de que los comuneros lo resuelvan “matándose”.
En entrevista, dijo que “ha habido omisión”, porque “como que el Ejecutivo Estatal tiene miedo” de establecer una mesa de trabajo con las comunidades indígenas, y en la cual se convoque a autoridades del gobierno federal para que se solucione el conflicto desde su origen, apuntó.
A decir del legislador, hay varios tribunales que no resolvieron este tipo de conflictos en su momento, e incluso, hubo gobiernos que paliaron el mismo con el pago a las comunidades indígenas a cambio de que desistieran de su demanda de territorios.
“Los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y Lázaro Cárdenas Batel hicieron acuerdos con algunas comunidades indígenas que estaban reclamando territorio, y se les pagó con dinero, terrenos similares y otros bienes como tractores, sembradoras y oros, a cambio de que desistiera de su reclamo de territorios”, señaló.
Precisó que en el caso de Comachuén-Sevina, donde inició el conflicto, en su calidad de presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, de manera oficial notificó sin éxito al Ejército Mexicano, al secretario de gobierno, al gobernador, que atendieran el problema.
“Nosotros le hemos pedido al secretario de gobierno y al Ejército, por escrito, y en las reuniones que hemos tenido como diputados de la fracción del PRD o como parte de la Comisión de Pueblos Indígenas, que intervengan; pero siempre que hay un conflicto de este tipo, le corren”, dijo.
Dijo haber platicado recientemente con autoridades comunales y habitantes de Comachuén, donde se originó el conflicto que dio origen a un bloqueo carretero en Sevina y luego en Nahuatzen, derivado del conflicto por la tala clandestina, que a su decir prevalece al interior de las comunidades.
Advirtió que “está a punto de estallar” un conflicto social que es «añejo», y que “al rato ni las tierras, ni los recursos forestales, ni el recurso económico, ni la intervención de quienes gobiernan, ni nada podrá detenerlo, por eso, es urgente que el Ejecutivo ya intervenga”, señaló.
“El gobierno no puede permitir que ante este tipo de conflictos agrarios por límites territoriales se resuelvan simplemente dejarlos que se arreglen matándose”, dijo al señalar que el asunto “rebasa” la competencia del Poder Legislativo local, y corresponde más bien a la competencia federal.
Recordó que cuando fueron dotados los ejidos, restituidos los derechos agrarios de muchas poblaciones, en la esfera federal no se llevaron a cabo las medidas precautorias para evitar disputas en lo sucesivo, por lo que la Comisión Nacional Agraria debe atender este tipo de conflictos.
