Abogadas P’urhépechas Acusan: Fiscalía Niega Justicia A Menor Víctima De Violación

Hace do meses violaron a una adolescente de 16 años en Santa Fe de la Laguna, los agresores siguen libres en la comunidad donde vive la agraviada y denunciante, la fiscalía no da acceso a la investigación porque las fotocopiadoras no sirven y prejuzga diciendo que la joven no tiene daños propios de una violación.

STAFF/ Eliza Flores @eliz_ffp

El pasado 7 de febrero en Santa Fe de la Laguna dos hombres mayores de 30 años violaron a una joven de 16 años, quien presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). Hasta el momento no se han detenido a sus agresores, a pesar de seguir presentes en la comunidad en la que ella vive, la abogada del Ministerio Público ha prejuzgado el caso alegando que la joven no presenta daño físico, ni psicológico.

La Red de Abogadas P’urhépechas esta mañana otorgaron rueda de prensa para hacer pública la revictimización y racismo que viven las mujeres indígenas en la FGE, en particular el caso de la joven de quien no revelaron sus datos por seguridad de la misma.

Han relatado que la joven presentó su denuncia, pero que al término del proceso no se le entregó una copia del oficio en el que relató los hechos del delito, tampoco se le otorgó un número de expediente, no se le ofrecieron servicios psicológicos, ni médicos. Servicios que por ley se le deben ofrecer a toda mujer que haya sido víctima de una agresión sexual como la que vivió la joven.

Aunado a eso la abogada Marienela Baltazar Telles ha informado que: “la Fiscalía General del Estado considera que la joven no fue violada por no presentar daños físicos o psicológicos aparentes”. Esto ha dado motivo para que la abogada del Ministerio Publico que recibió el caso no haya dado seguimiento a la investigación. Este acto es considerado de gravedad por las abogadas que acompañan a la joven, ya que están prejuzgando y negándole el acceso a la justicia.

“A casi dos meses de que se presentó la denuncia no se han presentado los avances en la carpeta de investigación, y el peritaje psicológico no se realizó desde un marco de reconocimiento intercultural, del interés superior del menor, ni con perspectiva de género. Dando por resultado pruebas que no dan cuenta del estado psicológico y emocional de la menor y generando una revictimización de la adolescente y su madre”, leyó Celina Manuel en el pronunciamiento que leyeron en la rueda de prensa.

Otro de los agravantes a este caso es que los abogados no han podido darle seguimiento al proceso legal, porque ni a las víctimas, ni a sus defensores se les permite acceder unas copias simples de la denuncia y mucho menos a la carpeta de investigación. Esto porque según lo dicho por la FGE las fotocopiadoras de la institución no funcionan. La defensa legal de la joven violada no sabe en que parte del proceso judicial se está, si se le está dando seguimiento o no al caso de la víctima.

La menor agraviada ha tenido que ser atendida psicológicamente por la colectiva MAPAS, ya que las instituciones no ofrecieron estos servicios, Sofía Blanco es quien otorga la terapia psicológica a la víctima, y asegura que el hecho de que la FGE esté dando resultados negativos a la violación de la menor es un mensaje para la comunidad indígena y para los jóvenes, alentándolos a no denunciar. Sofía Blanco al respecto ha comentado que “la FGE con estas acciones está diciendo y está avisando del porqué es mejor no hacerlo, si bien la fiscalía no está diciendo directamente piénsatelo bien, si está lanzando un mensaje indirecto”.

Las acompañantes de la víctima han lanzado un llamado no solo a la Fiscalía para que se atienda como se debe el caso, también han pedido la intervención del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, para asegurar con esto se proteja a la menor y la perspectiva de género en todo el proceso.

La Red de Abogadas también ha hablado de la invisibilidad en la que viven las mujeres de las comunidades indígenas ante la justicia “no hay datos de cuantas mujeres de comunidades indígenas acuden a solicitar auxilio ante la fiscalía o ministerio público, tampoco hay datos de si les asigna o no un traductor, con el pretexto de que ellas dijeron que entendían perfectamente español, no hay datos de cuantos de estos casos llegan a judicializarse y menos de cuantos llegan a sentencia”, dijo la abogada Marienela Baltazar Telles.

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