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El diario nacional La jornada publicó esta semana un reportaje sobre una obra pública inconclusa que tiene claros visos de peculado por al menos 10 millones de pesos.
Del daño causado a las arcas públicas, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se hizo de la vista gorda.
La impunidad ha sido la divisa en este y otros casos en los que se ha visto involucrado el extitular del Ejecutivo estatal
Durante su mandato, el 4 de febrero de 2021, puso la primera piedra de lo que serían las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), pero no fueran concluidas.
Hoy la obra se encuentra abandonada y con apenas algunos cimientos y pocas estructuras armadas con varillas de acero. Es una obra a todas luces tiene visos de corrupción e impunidad.
Con el arranque de la obra inició también una serie de irregularidades cometidas entre una empresa constructora y autoridades gubernamentales, con sedes en la ciudad de Morelia.
De acuerdo a copias de documentos oficiales que están en poder de este medio de comunicación, entre los implicados en la obra se encuentran Gaspar Romero Campos, director general del COBAEM; Héctor Jaime Heredia, delegado administrativo del COBAEM; y la empresa Constructora MACT, S.A. DE C.V.
Solamente el costo del proyecto alcanzó los 2 millones 790 mil pesos, el cual fue pagado el 30 de julio de 2021 a una cuenta de BANAMEX a favor de la empresa con razón social MACT, S.A. DE C.V.
Después, la primera etapa de la obra se puso en marcha, con una inversión de 19 millones 542 mil pesos. Se realizaron dos pagos mediante trasferencias que amparan esa suma.
La fallida edificación se ubica en Morelia, en la Colonia Agrícola a la altura del kilómetro 7 de la carretera Morelia-Guadalajara, en una zona agreste y de difícil acceso en el poniente de la ciudad.
Ahí los obreros comenzaron a trabajar, pero luego de varios meses la empresa constructora citada líneas arriba de este texto abandonó la obra de manera súbita y sin mayor explicación.
En el terreno solamente se realizaron trabajos de cimentación que no reflejan una inversión de 19 millones 542 mil pesos. Se pagó mucho y se construyó poco, opinó un perito de obra pública que se mantuvo en el anonimato.
E hizo notar que es una obra al menos “doblada” en donde de manera conservadora no se aplicaron más de 6 millones de pesos en la construcción de las oficinas centrales en el Colegio de Bachilleres de Michoacán.
Entre la comunidad del subsistema educativo, existe la exigencia de que se investigue a fondo para que los responsables de la malversación de los caudales públicos sean castigados conforme a la ley.
El Código Penal del Estado de Michoacán, en su artículo 253, establece que el delito de peculado se sanciona hasta con 14 años de prisión y 150 días de multa.
En su mandato como gobernador, Silvano Aureoles hizo caso omiso frente a una obra pública con apariencia de delito.
