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La presentadora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo Ricardo Álvarez Puga, son acusados por la Fiscalía General de la Republica (FGR) por recibir depósitos de más de 14 millones de pesos de dos empresas derivadas de compañías fantasma, de las cuales se desviaron más de 200 mil 500 millones no declaradas ante la Procuraduría Fiscal de Hacienda.
Esta cantidad mencionada es mucho menor a la cantidad exacta de 295 mil millones de pesos por los que se le acusaba en el 2021, a lo que Inés había compartido en su cuenta de Instagram un comunicado donde afirmó lo siguiente.
‘’Para ser clara jamás he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni he tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado’’, declaró en su publicación de septiembre del 2021.
Fue en ese año cuando Animal Político tuvo acceso a los documentos ministeriales donde se acusa a Inés y su esposo, obteniendo la información que revela que la presentadora se ofrece a devolver los 14 millones que se le imputan, pero la FGR se negó a aceptar el acuerdo proveniente de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Aun así, este 2022, la FGR no ha podido comprobar que los supuestos acusados sean los líderes del entramado delictivo mediante el cual se realizaron dichos desvíos, así como tampoco que sean los principales beneficiados.
El juez federal responsable del caso aceptó mandar una orden de aprehensión en contra de la presentadora y su esposo, pero no pudieron concluir dicha orden porque no se ha podido comprobar que la pareja sean protagonistas de la organización de este fraude, ya que según el propio expediente ellos solo recibieron el equivalente a menos del 1% del dinero desviado.
El propio juez denunció formalmente la filtración pública de la orden de aprensión y ordenó una investigación, ya que en el expediente de pagos que recibió Inés eran por una cantidad mucho menor.
