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La nueva figura de controlador beneficiario en el Código Fiscal de la Federación vulnera la privacidad de los ciudadanos debido a que, con esta, terceros podrían solicitar información sobre otras personas y ganancias en sus negocios, y usarla para exhibirlos o extorsionarlos, señaló la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Michoacán (ANEFAC).
“Aquí es cuánto se está vulnerando al dar a conocer información de terceros a terceros que puede lesionar derechos humanos, porque el beneficiario final, aunque no tiene implicación a la autoridad se le va a dar a conocer quién se está beneficiando (…) y ahí se está vulnerando el derecho a la persona a su privacidad.”, indicó el doctor en Fiscal Javier Eliut Olmedo Catillo Expresidente de la ANEFAC
Además, se indicó que con esta figura se podría hacer un mal uso de la información de los ingresos obtenidos por las personas, ya que prácticamente serían públicos al poder ser solicitados por terceras personas, mismos que se podrían usar para extorsionar o exhibir a las personas.
“Nadie está diciendo que el ingreso se obtuvo de manera ilegal, simplemente lo exhibes. Hasta una persona le dice ‘a este cuate le puedes sacar tanto’, o sea de muchas formas se puede hacer un mal uso. El problema no es si tus ingresos fueron legales o no, el problema es el uso que le dan a la información.”, indicó David Misael Fuerte Garfias Vicepresidente de ANEFAC.
Al ser cuestionados de cuál sería el objetivo, argumento o excusa para establecer esta figura fiscal, la cual entró en vigor desde el pasado 1 de enero de 2022 y a como está redactada, pareciera que es una obligación fiscal de todas las personas aunque no sean contribuyentes, indicaron que se observa como una forma de obtener una mayor recaudación, así como evitar el lavado de dinero, sin embargo señalan la posible vulneración de derechos antes mencionados.
“Son dos hilos conductores, uno es la parte de obtener mayores ingresos tributarios a través del pago de impuestos y otro es el hilo del lavado de dinero, conocer si esta actividad, ese beneficiario sus recursos vienen de una actividad lícita o una actividad ilícita. Aquí lo que quiere es la película completa la autoridad ¿Cómo lo obtuviste?, ¿Quién lo obtuvo y ¿Quién fue el que se benefició al final? para tener un esquema completo de dónde se originó el recurso y dónde llegó o termino y a quién benefició”, indicó Javier Eliut Olmedo Catillo.
Finalmente señalaron que con esto se pueden dar multas de hasta 1 millón de pesos en caso de que no se proporcione la información solicitada sobre los beneficiarios finales.
