STAFF/Eliza Flores-@eliz_ffp
«Se determinó que el gobierno de Michoacán es responsable de 4 ejecuciones, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e indignos, 48 detenciones arbitrarias, 56 domicilios allanados ilegalmente y heridos que no fueron contabilizados», detalló Enrique Guerrero, defensor de derechos humanos del colectivo LiquidAmbar.
Esto lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 11 de diciembre del 2020, por lo que dictó una recomendación, para que el gobierno estatal reconozca su responsabilidad.
Hoy los pobladores en compañía de defensores de derechos humanos tomaron la vialidad principal de Morelia, cerraron la Avenida Madero a la altura de Palacio de Gobierno, para exigir justicia y que se cumpla con lo dictado por la CNDH.
Son más de 600 víctimas directas y más de mil indirectas las que están esperando que el gobernador Silvano Aureoles Conejo pida una disculpa pública por los hechos, se otorgue la reparación del daño a las víctimas y se encarcele a los responsables de cometer los delitos cometidos, asesinatos, torturas, detenciones, entre otros.
Una comisión espera ser atendida por alguien que esté al interior del Palacio de Gobierno, por lo que podrían estar en la toma al menos una hora más, hablando a través de un micrófono y bocina que hace que la exigencia se escuche claramente sobre la cuadra que ocupan.
