STAFF / Alejandra Hernández-@AleSolAleLuna
La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Congreso local, encabezada por las diputadas morenistas Teresa López y Sandra Luz Valencia, se manifestaron en contra de la desincorporación de 18 bienes inmuebles, cuyo monto asciende a los más de mil millones de pesos.
Sin embargo, aseguran que estos predios que pretende desincorporar el Gobierno del Estado para su posterior venta, contó con avalúos por debajo de su valor real, lo que desde la comisión se opondrá la bancada de MORENA a la decisión de que se someta a votación.
“La primera iniciativa del Ejecutivo ya está dictaminada y la desincorporación de la iniciativa también, pero esta no cuenta con la argumentación ni motivos suficientes para su desincorporación y venta, y los avalúos están por debajo de su precio real”, acusó la diputada de MORENA, Sandra Luz Valencia.
Señalaron que se negaran a firmar la iniciativa para desincorporar inmuebles como el de el CERESO Francisco J. Múgica, cuyo monto total de 325 millones de pesos y el ubicado en Diego Basalenque, Colonia Centro histórico de Morelia, cuyo monto es de 8 millones 851 mil pesos.
Además, transcendió que se pretende desincorporar un predio en Tepalcatepec, Michoacán, con una valor de 799 mil 600, sin embargo, estos predios no pueden tener desincorporación sin obtener la mayoría del pleno y sin la firma de la Comisión de Desarrollo Urbano.
“No pueden pasar por encima de una comisión, ni el diputado Arturo Hernández y los que ya firmaron la desincorporación para subir a pleno la votación, están quebrantando la ley y actúan en contra de las y los michoacanos”, acusó la diputada Teresa López.
El diputado Antonio Madriz recalcó que van a controvertir con argumentos legales para la impedir que el pleno apruebe la subasta de los bienes del pueblo michoacano y calificó de ilegal los dictámenes aprobados por las comisiones de Hacienda y Cuenta Pública.
Finalmente, el diputado advirtió a los particulares a no comprar estos terrenos por considerarlos ilegales, los cuales tendrán que enfrentarse a un proceso jurídico desde el congreso del estado.
