STAFF / Alejandra Hernández.- @AleSolAleLuna
El fiscal anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Alejandro Carrillo Ochoa, exaltó que derivado de la pandemia el Poder Judicial suspendió sus actividades, lo que generó el aplazamiento de audiencias, como la que hay en contra del gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, y aclaró que no es mano negra como aseguran funcionarios del municipio.
«Derivado de la pandemia fue necesario que el Poder Judicial suspendiera sus actividades y las fechas para las audiencias que le solicitamos a esta instancia tienen un año de atraso, no sólo en el caso de ciertos funcionarios públicos», exaltó ante la inconformidad del aplazamiento de la audiencia al gobierno de Alfonso Martínez hasta noviembre por parte de la administración actual.
Asimismo, exaltó que aún y cuando se establecen ciertas fechas para las audiencias, son los jueces de control los que determinan los plazos del debido proceso, como son la presentación de pruebas o por otras circunstancias que imposibilitan que la audiencia se desahogue, situación que queda totalmente fuera de las manos de la Fiscalía Anticorrupción.
«Nosotros hacemos la petición, es nuestra obligación hacerla saber a un juez de control, pero en realidad es la cancha de la autoridad judicial, lo que si podemos decir es que efectivamente hemos girado diversos oficios a las autoridades como la Comisión Inspectora para pedir información de determinados servidores públicos, no uno en particular, tener mucho cuidado con los datos personales», finalizó.
