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El gobierno de Michoacán a través de la Contraloría del estado, precisó que son 715 los servidores públicos sujetos a enfrentar un procedimiento administrativo o bien, lo que la propia ley determine, al no haber cumplido en tiempo y forma con su declaración patrimonial final, modificatoria o inicial, según el caso.
En conferencia de prensa, el titular de la Contraloría estatal, Carlos Ochoa León, refirió que de acuerdo a los registros de la dependencia, son 3 mil 479 los funcionarios del Poder Ejecutivo de Michoacán quienes están obligados a presentar la declaración de situación patrimonial; de los cuales a la fecha, 2 mil 764 cumplieron con este requisito en tiempo y forma.
Así, son 715 los que presentan inconsistencias en la entrega de la declaración de situación patrimonial, lo cual conforme lo mandata la Ley y por instrucción del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, están sujetos a enfrentar un proceso administrativo que podría culminar en la separación de la encomienda recibida, así como en la inhabilitación para ocupar un nuevo cargo público.
Ochoa León abundó que de los 715 trabajadores del Ejecutivo, 189 son servidores públicos que no presentaron su declaración anual de modificaciones patrimoniales y quienes ya laboraban en la administración estatal.
Asimismo, existen 91 servidores públicos que debieron presentar su declaración inicial de situación patrimonial y que, dentro del término que otorga la ley, no lo hicieron. Considerando que cuentan con el derecho, en su caso, de demostrar el motivo o justificación de la no entrega de dicha declaración, lo cual de acuerdo al resolutivo, los absolverá o será motivo de sanción.
En lo que se refiere a los 435 servidores públicos restantes, se encuentran dentro del término legal para presentar su declaración patrimonial, puesto que aún no vence el plazo para realizar el trámite. Se trata de quienes recibieron el nombramiento por parte del titular del Ejecutivo estatal, mese después de iniciada la administración actual.
Todas esas consideraciones se están tomando en cuenta para, en el momento oportuno, determinar la sanción de los casos concretos.
