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Mediante comunicado de prensa los senadores michoacanos del PRD, Iris Vianey Mendoza y Raúl Morón Orozco, informaron que presentarán un punto de acuerdo ante el Pleno para exhortar al gobierno de Michoacán a que se conduzca “con pleno respeto a los derechos humanos tanto de la comunidad como de los individuos involucrados” respecto de las investigaciones sobre los enfrentamientos entre granaderos y civiles el pasado 5 de abril en Arantepacua.
Tanto Morón como Mendoza también solicitarán a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso, tras el trágico saldo de 3 civiles fallecidos y 7 policías heridos; además de los detenidos que ya fueron liberados.
“Se afirma que el conflicto comenzó cuando fuerzas policiacas de Seguridad Pública de Michoacán, entraron con patrullas al poblado para recuperar vehículos que habían sido retenidos. Todo esto a pesar de que, en Morelia, la capital del estado, ya dialogaban una comisión de comuneros de la comunidad de Arantepacua y la subsecretaría de Gobierno estatal”, refiere el comunicado.
Y señalan que “estamos ciertos que se debe castigar a los responsables de la violencia del pasado 5 de abril en Arantepacua y esto significa respetar los derechos humanos y procesales tanto de la comunidad como de los individuos involucrados. No se debe obviar el momento que vive tanto Michoacán como el país: masacres como las Tlatlaya, en el estado de México y las de Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán, por ejemplo, en las que tanto las actuaciones de los cuerpos de seguridad como de las instancias de investigación judicial ha sido cuestionadas debido al uso irracional y desproporcionado de la fuerza, así como la ausencia de respeto a los derechos humanos; todavía organismos de sociedad civil exigen se termine con esta impunidad sistémica que reproduce la violencia epidémicamente”.
Aseguran además que “los tres niveles de Gobierno deben reparar el daño ocasionado y hacerse responsables de la indebida actuación de la policía durante el enfrentamiento”.
“Además, se debe garantizar que no se volverán a repetir hechos de violencia como los ocurridos en Arantepacua. Es necesario que organismos de derechos humanos intervengan en las investigaciones y que el titular del Ejecutivo estatal se comprometa con la resolución de los conflictos a través del diálogo y cesen las acciones de confrontación con la disidencia social.
“En Arantepacua existe la presunción de que servidores de seguridad pública cometieron actos ilícitos, así como múltiples violaciones de derechos humanos. Y en el contexto de impunidad que vive el país, de incapacidad de las instituciones de gobierno para garantizar la no repetición de violencia contra las comunidades indígenas, se debe actuar con eficacia y respeto a libertades y derechos.
Y finalizaron: “Los problemas de violencia criminal, delincuencia organizada, narcotráfico, entre otros que aquejan a nuestro país, no legitiman el empleo de la violencia institucional; el combate de los delitos no puede encontrar respuestas y vías en las violaciones a derechos humanos. Los actos de abusos de la autoridad deben ser castigados y resulta muy lamentable exigir la determinación de responsabilidades de los superiores jerárquicos en México, porque la respuesta es prácticamente inexistente, la impunidad en lo que respecta a investigar y sancionar a funcionarios también es latente”.
