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Existe un presupuesto limitado para tener un aumento en el personal y optimizar el trabajo en todas las áreas, a fin de agilizar las controversias, manifestó el magistrado, presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez.
Resaltó que al aumentar los casos judicializado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se dio un incremento considerable en la carga de trabajo en la impartición de justicia, por lo que es necesario más personal.
“El óptimo me parece que debería de ser casi el doble del personal”, explicó durante la entrevista realizada en días pasados.
El titular del Poder Judicial, informó que tienen un presupuesto anual de aproximadamente mil 400 millones de pesos, y sería necesario un aumento de un 5 por ciento para atender todos los juicios.
Refirió que en caso de que la Fiscalía aumente al doble su personal para continuar judicializando casos, ellos se verían obligados en también hacerlo, a lo que llamó un “efecto espejo”.
Ante esta situación, señaló que espera que la sociedad haga uso de los mecanismos alternativos como la mediación, para desahogar el trabajo y satisfacer el derecho de cada quien.
El magistrado presidente, puntualizó que se les invita a todas las partes a que hagan uso de la mediación, en todo tipo de asuntos, como civil, penal, familiar o mercantil, pero no todos los aceptan.
Morales Juárez expuso que de momento lo más urgente es contar con el personal necesario para las notificaciones, ya que es importante respetar los tiempos procesales, por ello se pretende destinar personal de otras áreas para ayudar con estas tareas.
Lo anterior después de que el Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, diera a conocer que durante su gestión se ha privilegiado la resolución de los casos, por lo que la judicialización creció en un 80 por ciento.
Informó que en el 2018 se enviaron a los juzgados dos mil 50 carpetas, en el 2019, dos mil 740, y al cierre del 2020 son cerca de cinco mil carpetas enviadas, mientras que en los mecanismos alternativos en 2019 enviaron nueve mil casos a mediación y en 2020 fueron cerca de 13 mil 500.
