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El Pleno de la LXXII Legislatura del H. Congreso de Michoacán dio lectura a la comunicación remitida por el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, mediante la cual informa que el titular del Ejecutivo, designó a Marco Vinicio Aguilera Garibay, Procurador General de Justicia del Estado.
Lo anterior, para los efectos de la ratificación del nombramiento que corresponde realizar al H. Congreso de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44 fracción XXXVI y 102 de la Constitución Política del Estado. El documento fue turnado a la Comisión Justicia para estudio, análisis y dictamen.
Turnan a Comisiones reforma federal en materia de Transparencia
De igual forma, se dio lectura al documento enviado por la diputada Angelina Carreño Mijares, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante la que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia.
La reforma perfila incluir a los sindicatos y a los partidos políticos como sujetos obligados, además de dotar al organismo autónomo, especializado e imparcial (el equivalente al actual Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)) de autonomía operativa, presupuestaria, de gestión, de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios.
Establece que dicho organismo se integrará por 7 comisionados, que deberán avalarse por el Senado a propuesta de una terna por cada vacante. Además, el órgano garante, contará con un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros, también a votación del Senado.
De igual forma, faculta al Congreso de la Unión para ser quien expida las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno; y para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
Cabe mencionar que en términos del artículo 135 de la Carta Magna, se remitirá a las legislaturas de los Estados para su aprobación. El documento fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen.
