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Fabricantes de Armas de Estados Unidos, rechazaron la demanda interpuesta por el Gobierno de México ante la Corte del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, contra las 10 grandes compañías de este sector, por el presunto tráfico ilegal de sus productos a nuestro país, para bastecer a grupos criminales.
Fue a través de un comunicado que la Asociación de la Industria del Comercio de Armas de Fuego (NSSF por sus siglas en inglés), afirmó que todas las armas de fuego se comercializan al por menor dentro de los Estados Unidos, y se venden con fundamento en las leyes federales y estatales de aquél país.
De igual manera la Asociación afirmó que las acusaciones del gobierno de México por el tráfico transfronterizo de armas, ‘son evidentemente falsas’, ya que carecen de fundamento, esto de acuerdo a lo expresado por Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF, quien además indicó que «el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras«.
Agregó que el crimen en México es «resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército Mexicano y a las fuerzas del orden público».
Keane dijo que México no debe buscar un ‘chivo expiatorio’ en las empresas estadounidenses que sí cumplen la ley y debería enfocar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia.
Finalmente, la NSFF señaló que el gobierno de Estados Unidos también vende armas de fuego directamente al gobierno mexicano, y que “los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos”.
Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que la demanda no está en contra del comercio de armas, “lo que busca es un comercio responsable en donde, si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas”.
