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Castigar hasta con 20 años de prisión a quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas o privadas, es la inteción del gobernador de Tabasco, el morenistra Adán Augusto López Hernández, quien ha enviado una propuesta de reforma al Código Penal de la entidad al Congreso de Tabasco que se dispone a aprobarla.
No obstante que el gobierno estatal niega que se trate de una «Ley Antimarchas», la iniciativa ya fue avalada por las comisiones legislativas luego de que en su argumentación el mandatario estatal señaló que lo que se busca es asegurar la inversión privada, fortaleciendo el arraigo de la industria nacional y extranjera, como un mecanismo que permitirá recuperar el buen vivir de las personas, mediante el acrecentamiento de mayores y mejores oportunidades de empleo, contribuyendo significativamente al logro de los objetivos trazados por la presente administración para abatir los altos índices de rezago, pobreza y marginación.
La reforma propuesta estipua en el Artículo 196, que «se impondrá prisión de diez a veinte años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona».
Y en caso de que el delito sea cometido por un funcionario o exfuncionario, se establece que se aplicará una inhabilitación de 10 años para desempeñar algún empleo o actividad en la administración pública.
Junto con ello el artículo 196 Bis, de nueva creación, establece que: «Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA».
También se estipula que las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras.
Y en el artículo 299 se protege también a las dependencias estatales y presidencias municipales, al quedar establecido que: «Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA».
Ante la polémica originada, el secretario de gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, defendió las modificaciones al Código Penal afirmando que no se trata de una «Ley antimarchas», sino de una reforma anti extorsionadores, que busca frenar a quienes presuntamente amparándose en la lucha social extorsionan a las empresas y los particulares.
La reforma al Código Penal de Tabasco será discutida por los legisladores locales mañana en un periodo extraordinario de sesiones, previendo que sea aprobada debido a que solo se necesitan 18 votos y la bancada de Morena tiene 21 integrantes.
Con info de Proceso
