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Este viernes el diario español El País y otros diarios de circulación nacional publicaron notas basadas en un video que aparición en dìas pasados en Youtube y que muestra cómo se aplicaron métodos de tortura contra presuntos responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la grabación en cuestión se ve a uno de los detenidos al parecer maniatado y con los ojos vendados mientras detrás suyo un presunto policía ministerial de la fiscalía federal tiene una bolsa en las manos con la cual asfixian parcialmente al interrogado.
Tras ser cuestionado por cerca de un minuto, el uniformado le coloca al detenido la bolsa en la cabeza, la cierra y estira.
Y resulta que la voz que interroga al presunto involucrado en los hechos es la de Carlos Gómez Arrieta, quien en ese entonces fungía como policía federal ministerial.
“La -actual- comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa en el actual Gobierno supo del vídeo hace unos días. Al oír la voz, no tardaron en sospechar de quién se trataba. Encargaron un peritaje para confirmar si era Gómez Arrieta y el resultado fue positivo. Actualmente, Gómez Arrieta es subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán” afirma El País.
Arrieta es el encargado de preguntarle al detenido, identificado como Carlos Canto y quien según datos del expediente del caso Ayotzinapa, fue detenido el 22 de octubre de 2014 en Iguala por agentes de la policía ministerial y elementos de la Secretaría de Marina, en los primeros días de la investigación.
«¿Dónde crees que se los llevaron, cuántos dices que se llevaron ahí?» y él, atropellado, contesta: «A Mezcala, fácil se llevaron a 12 o 13. Iban sentados en camionetas». «¿Dónde se los entregaron?», dice la voz, sugiriendo que los que se llevaron a ese grupo de estudiantes de Iguala, se los entregaron a otras personas. «En Tomatal», contesta. Es decir, en una de las salidas de Iguala, rumbo al sur, rumbo a Mezcala, rumbo a Chilpancingo, la capital del Estado., fue parte del interrogatoriocitado.
Con esta nueva evidencia se vuelve a poner en duda la validez del proceso luego de que el año pasado, un tribunal federal pidió reponer el procedimiento por las denuncias de que las confesiones e imputaciones de varios detenidos, acusados de participar en las desapariciones, fueron obtenidas mediante tortura.
Hasta el momento el gobierno de Michoacán no se ha pronunciado al respecto.
